La coalición abertzale entregó la pasada semana al fiscal jefe de Araba, Josu Izagirre, toda la documentación que la coalición ha recabado sobre las patentes del proyecto del coche eléctrico Hiriko al considerar que en este caso podría darse un delito de alzamiento de bienes.

La coalición soberanista cree que dos de las tres patentes registradas podrían quedar liberadas en pocos días al no renovarse las tasas correspondientes, por lo que cualquier empresa podría desarrollar gratuitamente este prototipo.

La Fiscalía ha comunicado a EH Bildu que ha decidido abrir diligencias porque, según Igor López de Munain, «existen indicios suficientes de delito».

Una de las patentes ha caducado, otra lo hará antes del verano y la tercera en setiembre, según EH Bildu.

El Ministerio español de Industria, según la coalición, ya ha pedido a Afypaida la devolución de las ayudas que le concedió. Debido a esta petición, para este grupo, podría darse un delito de alzamiento de bienes si esas patentes, que son un activo de la empresa, quedan liberadas.

Un delito de alzamiento de bienes se produce cuando un deudor oculta o se deshace de parte o el total de su patrimonio (en el caso de Hiriko las patentes) para que su acreedor encuentre dificultades y no pueda satisfacer su derecho.

En una comparecencia de prensa, Igor López de Munain ha opinado que la decisión de la Fiscalía confirma que «por mucho que pueda molestar al señor Erkoreka, al Gobierno Vasco y al PNV» la denuncia de EH Bildu «tenía base y fundamento».

«La Fiscalía podría haberla archivado y si ha decidido incoar diligencias es porque existen indicios evidentes de delito», ha manifestado.

En concreto, el fiscal ha pedido a Afypaida que le aporte las referencias de las patentes de las que sea o haya sido titular, así como copia de todas las cuentas anuales e informes de auditoría desde su fundación hasta la actualidad, y los apuntes del libro mayor referidos a las patentes.

«Irregularidades» y «dejadez absoluta»

A juicio de López de Munain, esta decisión deja en evidencia la existencia de «irregularidades» y la «dejadez absoluta» de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia.

En este sentido, ha denunciado que, aunque la renovación de las patentes no compete al Gobierno de Lakua, sino a la empresa, Tapia ha dejado que Afypaida «descapitalice un proyecto costeado únicamente con dinero público» por no velar por la renovación de las patentes pagadas con dinero público, por lo que le ha emplazado a «dimitir inmediatamente».

«Tapia es la responsable política máxima de la pérdida de las patentes y de que otras empresas puedan aprovecharse desde hoy de ellas para enriquecerse», ha criticado.

López de Munain se ha referido al hecho de que el Ejecutivo de Gasteiz opte por cesar a altos cargos que hayan podido incurrir en irregularidades antes de la aprobación de su Código Ético, solo en el caso de que exista imputación judicial.

En este sentido, ha indicado que, tras la decisión de la Fiscalía, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, «quizá no va a tener que esperar demasiado para aplicar su Código Ético».