En 1999, Ángela González, víctima de violencia de género, huyó de su domicilio junto a su hija Andrea, que entonces tenía tres años. El 24 de abril de 2003, el padre mató a la menor, de siete años, durante una de las visitas no vigiladas. Después de suicidó. «Te voy a hacer el mayor de los daños y te vas a acordar toda tu vida», había dicho ese mismo día a su expareja durante una vista oral para decidir quién se quedaba con la casa, cuatro años después de su separación.

Ella había presentado más de 40 denuncias ante los Servicios Sociales, la Guardia Civil, la Policía, los Juzgados... y solicitado medidas de protección para ambas dada la situación de acoso y persecución que sufrían. Pese a separarse, su exmarido logró localizar su paradero, contrató incluso a un detective para que controlara sus movimientos las 24 horas e interrogaba constantemente a su hija acerca de la vida sentimental de su madre, amenazándola con no ser llevada de vuelta si no le contestaba.

Pese a esa situación y a las casi medio centenar de denuncias presentadas en diferentes instancias solicitando que las visitas con el padre fueran bajo vigilancia de los servicios sociales, un tribunal dictaminó en 2002 que los encuentros padre-hija no requerían supervisión.

Tras la muerte de su hija y agotar todas las vías judiciales en el Estado español, González se puso en contacto con la asociación Women's Link Worldwide, que en setiembre de 2012 presentó una demanda ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) contra el Estado español por no haber brindado medidas de protección a madre e hija.

Casi dos años después, el Comité de la ONU ha condenado al Estado español por no haberlas protegido, por no haber castigado al maltratador ni haber investigado e indemnizado a la mujer por los daños causados.

La condena obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas. Para evitar la repetición de situaciones similares, exige que se tomen «medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia, de modo que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos».

También obliga a que los jueces y personal administrativo reciban formación obligatoria sobre estereotipos de género.

«Esperamos que el Estado vea esta condena como una oportunidad para sentarse a la mesa a debatir qué es lo que falló en el caso de Ángela, qué es lo que está fallando en la actualidad y a debatir cómo se implementan de manera efectiva y se dotan de contenido las recomendaciones del Comité al Estado», manifestó Paloma Soria, abogada de Women's Link Worldwide.

«Uno de los principales estereotipos que observamos en este caso es que nunca se vio a Andrea como una víctima de la violencia de género y que desde instancias judiciales se primó el contacto de los padres con los hijos aunque estos sean maltratadores. El fallo de la ONU establece de forma contundente que hubo negligencia por parte de las autoridades españolas y que su actuación derivó en la muerte de Andrea. Asimismo, recoge que en el sistema español siguen imperando los prejuicios, como lo vemos a diario en muchas de las sentencias de separación y exige una investigación exhaustiva e imparcial. Reconoce también el derecho de los menores a ser oídos y que el interés superior de los niños y niñas debe prevalecer», subrayó Soria en declaraciones a GARA.

En su opinión, «esta sentencia es una oportunidad para acabar con estos prejuicios y trabajar en la implementación de la ley integral contra la violencia de género aprobada por el Gobierno. Si bien es un primer paso, debemos analizar cómo se esta implementando esa normativa y desde Women's Link Worldwide seguiremos trabajando para que el Estado cumpla lo que dicta la condena porque, de lo contrario, ¿para qué sirve la firma de convenios en materia de derechos humanos? El Gobierno no puede hacer oídos sordos y decir que se trata de un caso de 2003, porque estos perjuicios siguen arraigados en la sociedad civil, como vemos en la no disminución de asesinatos de mujeres y de sus hijos».

«Sienta un precedente»

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández Doyague, afirmó que esta condena «sienta un precedente muy importante». «Un maltratador no es un buen padre; es una persona que no puede servir de imagen y apoyo en el crecimiento de un menor», remarcó. Recordó que distintas asociaciones de mujeres llevan años denunciando que los jueces no impiden que un maltratador vea a sus hijos. Y criticó que persiste cierta opinión de que las mujeres denuncian malos tratos para sacar más beneficios de cara a una sentencia de divorcio.

«Hay mujeres que mueren sin cobrar ningún tipo de indemnización y que además son privadas de la guardia y custodia de sus hijos, castigadas doblemente», censuró.

Desde el Gobierno español, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sostuvo que el Estado español es «un país puntero» en la legislación y sensibilización contra la violencia de género, y que desde que Ana Mato tomó posesión de su cargo al frente del Ministerio «se marcó como objetivo la mejora de los mecanismos de asistencia, atención y protección de los menores ante casos de malos tratos a sus madres».

La directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza, reconoció que no se dio a González «la protección que hubiese podido prevenir la dramática muerte de su hija», aunque consideró que se «ha avanzado notablemente» y que «España es país referente en la lucha contra la violencia de género».