Se cuentan con los dedos de la mano los crímenes de los GAL que han llegado a ser esclarecidos y condenados, aunque sea parcialmente. Y es milagroso que uno de ellos sea el del secuestro, tortura y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala, porque nunca se pusieron tantos medios para ocultar lo ocurrido. Más aún, para sepultarlo, primero, en cal viva y, luego, con todo tipo de presiones y amenazas, incluso secuestros y torturas. Que haya llegado hasta la pantalla grande es una hazaña con muchos héroes.

1983-1995: La macabra carambola

Ramón Soriano, Antonio Bru, Jesús García. Tres nombres lejanos a Euskal Herria para una inmensa carambola. Soriano es el cazador que allá por 1985 encuentra unos huesos humanos en Busot (Alacant). La lluvia los ha desenterrado y sus perros los descubren. Bru, forense, confirma el macabro hallazgo: dos cadáveres cruzados, casi completos, con los ojos y la boca amordazados, vendas con restos de mercromina en piernas y tórax, y, lo más sorprendente, 100 kilos de cal viva alrededor. Alguien quiso acelerar la descomposición. Imposible identificarlos. Pero García, un comisario local, guarda el asunto en algún rincón de su memoria. Y ya en 1995, cuando estalla la polémica política sobre los GAL y se reabren algunos sumarios, lee que sigue sin saberse nada de aquellos dos chicos de Tolosa. Efectivamente, son ellos.

1995-1999: La ley del silencio

La instrucción del caso es una epopeya. La cal viva ha borrado casi todas las huellas. Los servidores del Estado intentan eliminar el resto. No hay testigos directos, pero sí un rosario de declaraciones indirectas; de guardias civiles, militares o confidentes que algún día oyeron algo sobre el tema. Como mero ejemplo, el «testigo protegido» 1964/S aparece malherido en una playa de Cádiz. Ha sido secuestrado, violado analmente y quemado con cigarrillos para que no cuente nada. Ni siquiera tenía escolta de Interior.

En un momento en que jueces como Carlos Bueren prefieren dejar la Audiencia Nacional antes que investigar al círculo de Galindo, Javier Gómez de Liaño tira para adelante. Resulta clave una decisión: ordenar la inspección del Palacio de La Cumbre con el guardia civil Felipe Bayo en una fase en la que este amaga con confesar parcialmente. El registro confirma los datos que ha aportado al juez y, por tanto, da plena credibilidad a su declaración, por encima de sus retractaciones posteriores. Iñigo Iruin, abogado de la familia, también se la juega con gente como Bayo, que en una de las declaraciones judiciales se lanza contra él y provoca destrozos en el despacho del juez.

1999-2000: Un juicio épico

El juicio arranca a finales de 1999. Es otra carrera de obstáculos, porque no existe una prueba material absolutamente clara (la cal viva, otra vez). Por ejemplo, el forense Paco Etxeberria admite que es imposible determinar si a Joxi y Joxean les arrancaron o no las uñas. Por tanto, para llegar a la condena hay que conectar una infinidad de indicios. La ley del miedo vuelve a imponerse, con esbirros acosando en los mismos pasillos de la Audiencia Nacional a un centenar de testigos. La presencia del teniente general Andrés Cassinello ejerce como elemento intimidatorio añadido, al máximo nivel. Se suceden las retractaciones, a cual más inverosímil. Todos los testigos son humillados, estigmatizados, pero ninguno al nivel del 1964/S. Y el corazón del comisario Jesús García se para definitivamente en plena declaración, tras habérsele preguntado qué presiones había sufrido. Elude detallarlas. Sus secretos se van con él a la tumba.

2000-2014: La desvergüenza que sigue

Las condenas son ejemplares pero el caso sigue semienterrado a nivel público. Galindo y Elgorriaga quedan libres muy pronto, con el argumento de que están enfermos. Vaquero, Bayo y Dorado han salido ya; nadie sabe dónde están ni con qué identidad. ¿Dónde queda aquí la «alarma social»? Y el PP intenta normalizar La Cumbre, el palacio de los horrores, con una comparecencia del ministro Margallo en octubre de 2012.