La Mesa del Parlamento de Gasteiz emitió ayer una nota de prensa en la que acepta la queja y solicitud de amparo de Iñaki Oyarzábal por el «supuesto consumo» de su móvil institucional durante el mes de agosto. La Mesa habla de «factura errónea por no ajustarse a la normativa europea y a las condiciones del contrato suscrito». Telefónica ha devuelto el dinero, que será reintegrado también a Oyarzábal. Por tanto, no ha habido gasto extra, explica.

En el punto 3 de la nota se especifica que «como consecuencia de la filtración que se ha producido estos días pasados en relación con esta cuestión, ha habido un claro daño a la imagen y al honor del parlamentario afectado».

En el punto 4 se informa de que «la Mesa del Parlamento Vasco ha atendido la queja del parlamentario afectado por esta filtración y ha acordado concederle el amparo requerido». Y se añade que «igualmente, ha acordado abrir diligencias informativas para, en su caso, depurar posibles responsabilidades y reparar los daños causados en su imagen pública».

Resulta interesante que esta nota llegue al día siguiente de que la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, defendiera la transparencia de las instituciones y la necesidad de que sus representantes recobren la imagen de servicio público ante la ciudadanía. Y eso nos lleva directamente al primer párrafo de la nota que habla de «presunto consumo». Mal empezamos. Porque el consumo no es presunto sino efectivo, otra cosa es que Telefónica tuviera la obligación de evitarlo.

La siguiente evidencia contradictoria es que fue el propio Iñaki Oyarzábal quien aireó haber estado de vacaciones en Indonesia y que desde allí había utilizado el móvil del Parlamento para hacer seguimiento de cuestiones que le interesaban en su condición de coordinador de campaña electoral del PP de Araba. Fue Iñaki Oyarzábal, por tanto, quien confesó -aunque lo hiciera con ánimo de exculparse- que había estado realizando un uso impropio del teléfono que le pagamos entre todos.

A estas alturas ya parece necesario que se sepa que, antes de que nadie publicara su nombre, fue el PP quien inició una labor preventiva con determinados medios dando la identidad del afectado (sin que hiciera falta ningún tipo de interrogatorio en tercer grado) y destacando que ya había devuelto el dinero. Repasen la hemeroteca y los archivos de Google.

Sobre el atenuante de la devolución del dinero hay que repetir que Oyarzábal lo hizo cuando la Mesa se lo exigió y no cuando una semana antes todos los afectados recibieron aviso por email de su gasto extra.

Dice ahora la Mesa que va a iniciar diligencias informativas y depurar responsabilidades por el daño causado. Cabe suponer que empezará por ella misma, por no conocer «la normativa europea» ni «las condiciones del contrato» y haber exigido a los afectados que devolvieran el dinero en lugar negarse desde el principio a pagarlo. Admitirán al mismo tiempo que de no haberse hecho público el tema y verse Oyarzábal obligado a defenderse, la factura habría acabado pagándose. Porque el parlamentario no alegó nada el 30 de setiembre, cuando devolvió de inmediato el dinero, sino a partir de que el 7 de octubre trascendiera a los medios.

En todo caso, en la Mesa ha vuelto a primar la idea de limpiar los trapos sucios dentro de casa (¿hoy por ti, mañana por mi?), lo que no encaja con los grandilocuentes discursos sobre la transparencia y la recuperación de la credibilidad.