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Un informe de Lakua cifra en 220 los atentados mortales sin esclarecer en los tribunales

Un informe encargado por el Gobierno de Lakua cifra en 220 los atentados con resultado de muerte no esclarecidos entre 1960 y 2014 atribuidos a ETA, GAL, BVE y otras autorías.

Iñigo Urkullu y Jonan Fernández, con los autores del informe. (IREKIA)
Iñigo Urkullu y Jonan Fernández, con los autores del informe. (IREKIA)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recibido de mano de sus autores el ‘Informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014. Caso vasco’, encargado por la Secretaría de Paz y Convivencia de Lakua. De acuerdo con el Ejecutivo, el trabajo pretende ser «un paso adelante en el deber de clarificación del pasado».

El trabajo ha sido coordinado por el periodista Carlos Fonseca y ha tenido como asesores a la profesora de Derecho Penal Enara Garro; al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín; y al ex director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio español de Interior, José Manuel Rodríguez Uribes.

En total, en el informe se contabilizan 927 muertes desde 1960 hasta la actualidad a manos de «grupos terroristas» en el Estado español relacionadas con el «caso vasco», como reza el título del documento.

Los atentado mortales analizados en el informe y no esclarecidos ascienden a 220, cifra que corresponde a los casos sobreseídos y archivados por los tribunales. De esos 220 casos, el informe señala que 197 son de víctimas de ETA, 10 del Batallón Vasco Español (BVE) y de otros «grupos satélite e incontrolados», 10 corresponden a los GAL y en los 3 restantes no está clara la autoría. A estos casos, hay que sumar otros 29 de grupos armados de extrema derecha de los que no hay datos.

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha señalado que el Gobierno autonómico estima que «el eje desde el que debe ser analizada la problemática de los asesinatos no resueltos es las víctimas y su derecho a la justicia y a la verdad».