El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, ha defendido ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se somete el Estado español en Ginebra, que la legalización prevista de las devoluciones sumarias de inmigrantes en Ceuta y Melilla, a las que se ha referido como «denegación de entrada», estará «en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución».

Ybáñez, que en su primera intervención ante el Comité de Derechos Humanos no había tocado este asunto pese a las preguntas por escrito que al respecto habían formulado distintos países, sí se ha referido a la disposición adicional introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para reformar la Ley de Extranjería después de que estados como Israel, Japón, Noruega o Rusia, entre otros, preguntasen en su turno de palabra por esa cuestión.

El representante de Madrid ha afirmado entonces que esta reforma, pensada para «responder a la singularidad geográfica y fronteriza» de Ceuta y Melilla, «está siendo objeto de consultas con instituciones internacionales especializadas» y se encuentra aún en trámite parlamentario. «La respuesta legislativa que finalmente se dé estará sin duda en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución», ha asegurado.

Ybañez ha argumentado ante los 97 países que intervienen en este EPU que «la legislación española regula en dos marcos jurídicos diferentes el retorno», por un lado, «la devolución, que es para extranjeros interceptados tras haber cruzado ilegalmente la frontera» y, por otro, «la expulsión, para aquellos que han sido hallados en territorio español en situación irregular».

«Las denegaciones de entrada es algo distinto y se lleva a cabo en Ceuta y Melilla. Esto se da cuando no se produce la entrada sino que el inmigrante es interceptado antes de que tenga lugar y es consecuencia del derecho que nos asiste como Estado soberano y de la obligación como Estado miembro de la Unión Europea, de la que además es frontera exterior, de proteger y salvaguardar sus fronteras. Son medidas efectuadas en virtud de un marco legislativo previo, europeo y nacional», ha defendido.

En ese contexto, ha planteado que ante el «carácter constante, masivo y violento de los asaltos en grupo a los vallados», las mencionadas «son actuaciones de vigilancia de fronteras, pero también de seguridad interna y de orden público. En todo caso, las actuaciones policiales se desarrollan siguiendo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y teniendo en cuenta la posible existencia de personas vulnerables, primando siempre la atención y asistencia de las mismas», ha asegurado.