El mineral cancerígeno es protagonista de las últimas muertes de trabajadores, de sentencias y de demandas sociales interna- cionales para su prohibición total en Europa. Enero ha finalizado de manera trágica para cinco trabajadores que estuvieron expuestos al amianto en su vida laboral. El último fallecido este pasado viernes ha sido José Luis Cordero, de 67 años, extrabajador de Kaefer Bizkaia. El comité de CAF ha establecido un paro de una hora hoy para rendir homenaje a Emilio Sánchez Ballesteros, que fue el primer fallecido de este año. Delante del monumento erigido en homenaje a las víctimas del mineral cancerígeno, se le homenajeará en la portería principal de la entrada a la CAF de Beasain. Según explicó ayer el comité, en esa planta ya han fallecido 25 extrabajadores que en su vida laboral estuvieron en contacto con el amianto y a quienes se les ha reconocido ese daño por vía judicial. Sin embargo, en el conjunto de las plantas de la CAF, también la de Zaragoza e Irun, han fallecido, al menos, 60 extrabajadores. Todas las sentencias corroboran que no hubo medidas de prevención y de protección para evitar la inhalación de esas fibras cancerígenas.

El comité de la CAF muestra su malestar por «la actitud de las empresas implicadas al obstaculizar las peticiones de los enfermos y fallecidos cuando reivindican sus derechos legítimos como son las indemnizaciones correspondientes y el recargo de prestaciones por el daño causado». Además, denuncian a la Administración «por su actitud obstruccionista a la hora de compensar a las víctimas y no aceptar la creación de un fondo de compensación económica como existe en varios países de Europa, y evitar, de esta manera, que las víctimas tengan que acudir a los tribunales».

De hecho, este próximo jueves se verá una reclamación de daños y perjuicios contra la CAF por la muerte de M.F.M, que trabajó en esa empresa entre 1957 y 1986 en su puesto de montaje, fundición y galvanoplastia. Según consta en un informe médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, le diagnosticaron «lesiones pleurales radiológicamente sospechosas de malignidad y con un diagnóstico citopatológico que podría corresponder a un mesotelioma». El extrabajador falleció, precisamente, de ese tipo de cáncer derivado de la inhalación de amianto en noviembre de 2013. Sus dos hijos reclaman una indemnización de 43.000 euros.

Condena a Tubos Reunidos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso de Tubos Reunidos a la resolución que reconoció el origen profesional del cáncer de pulmón que causó la muerte de J.I.G.A. El Juzgado de lo Social Nº 3 de Gasteiz reconoció la incapacidad absoluta por enfermedad profesional y correspondiente pensión de viudedad por el adenocarcinoma pulmonar que le causó la muerte en 2012.

Según consta en la sentencia, J.I.G.A. comenzó a trabajar en 1976 como ayudante en la fundición de Tubos Reunidos, con exposición elevada a fibras de amianto (y otros cancerígenos) por lo menos hasta 1983, con total desconocimiento del riesgo. En 2007, afectado por una patología respiratoria (EPOC y enfisema pulmonar), se le concedió una incapacidad permanente total por enfermedad común, aun habiendo quedado probada la presencia de amianto en pleura y pulmones. En abril de 2011, tras diagnosticarle un adenocarcinoma pulmonar, inició los trámites para el reconocimiento de la incapacidad absoluta, derivada de enfermedad profesional, falleciendo en febrero 2012 sin conocer la resolución.

La Resolución de la Seguridad Social reconoce el origen profesional de la enfermedad y la pensión de viudedad correspondiente, haciendo responsable del pago a Mutualia. Tanto la mutua como la empresa recurrieron la resolución, pero el juzgado dio la razón al fallecido. Volvieron a recurrir al TSJPV, que revoca la responsabilidad de Mutualia.

«La sentencia rechaza con contundencia el argumento de Tubos Reunidos de que no se conocían los riesgos derivados de la sustancia y el ordenamiento no contemplaba medidas para suprimirlas o reducirlas, pues dicha afirmación olvida el contenido de las numerosas disposiciones legales, como: el Reglamento de Seguridad e Higiene de 1940, decreto de 1947 sobre Asbestosis, Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, Reglamento de Industrias Molestas, Insalubres y Nocivas, Reglamento de EEPP de 1962, Ordenanza de Seguridad e Higiene, Decreto de EEPP de 1978 que recoge el cáncer de pulmón y el mesotelioma en trabajadores expuestos al amianto, entre otras, y que Tubos Reunidos incumplió sus obligaciones de proteger la salud de los trabajadores».

La asociación de familiares Asviamie denunció la persistencia de Tubos Reunidos porque «expresan el absoluto desprecio empresarial hacia las victimas del amianto, al aumentar el sufrimiento y los costes de las familias, en un intento desesperado de ocultar las enfermedades profesionales, para eludir las responsabilidades por la infracción legal en la protección de la salud de los trabajadores». También denunciaron que «queda en evidencia la colaboración de Osakidetza y los médicos del servicio de prevención» con la misma estrategia.

Por último, en la Unión Europea se está desarrollando una campaña entre los colectivos de víctimas del amianto para conseguir que no se eleve hasta después de 2025 la posibilidad de utilizar amianto en los procesos de cloro con diafragma.

La organización internacional IBAS (International Ban Asbestos Secretariat) se opone firmemente a la extensión del uso de diafragmas con amianto hasta 2025 y pide a la Comisión de la UE y los Estados miembros «suspender inmediatamente la excepción de amianto. Está en contradicción con las exigencias de la UE para una prohibición mundial del amianto». Denuncia presión de, entre otras, Dow Chemical.