Queremos crear seguridad en Europa con Rusia, no contra Rusia». Estas declaraciones de Angela Merkel en la última Conferencia de Seguridad de Múnich son prácticamente un calco de una intervención del portavoz de La Izquierda (Die Linke) en el Bundestag, Gregor Gysi, en marzo de 2014. «Adopte una postura positiva -dijo Gysi, interpelando directamente a la canciller- para que podamos tener una Europa no contra ni sin Rusia, sino con Rusia. De lo contrario nuestra seguridad quedará en nada». ¿Qué ha ocurrido en ese intervalo de tiempo de casi un año para que Merkel haga suyas las palabras de la oposición?

Las economías alemana y francesa, ya afectadas por la crisis económica en la eurozona, se resienten por el conflicto en Ucrania. Eckhard Cordes, presidente de la Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft -la asociación de los empresarios alemanes con intereses en Rusia-, advirtió a finales de enero que una caída de un 20% de las exportaciones a Rusia podría comportar la destrucción de 60.000 de los 300.000 puestos de trabajo que se calcula que dependen directamente de las relaciones comerciales con este país. Además del veto ruso a las exportaciones agrícolas, las sanciones occidentales han contribuido a la devaluación del rublo, y con ello, a la pérdida de poder adquisitivo de muchos rusos, afectando negativamente al consumo interno o al turismo.

Por otra parte, tanto François Hollande como Merkel se enfrentan a una creciente presión política en sus respectivos países. En Francia, con el ascenso del Frente Nacional; en Alemania, con el de Alternativa para Alemania (AfD) y las recientes manifestaciones de Pegida, que son una muestra de descontento ciudadano canalizado a través de la xenofobia. En los medios alemanes se rumorea que empresarios con intereses en Rusia se encuentran entre quienes financian a AfD y Pegida como medida de presión política.

En este pulso entre bloques con Ucrania como tablero, el Gobierno ruso cuenta con algunas cartas a su favor. A diferencia de Alemania y Francia, el Kremlin cuenta con una débil oposición interna. Además del mayor control sobre el flujo informativo y la oposición interna, su población es más resistente a las crisis debido a su experiencia histórica reciente y a su miedo a regresar a una situación como la que vivió en los noventa. El Ejecutivo ruso ha intensificado también en los últimos meses sus contactos en Oriente Próximo y Asia, a la espera de que los conflictos internos de la Unión Europea obren en su favor. Y en caso de que todo falle, a Rusia le queda el botón nuclear, que no son los misiles intercontinentales, sino la economía: si Rusia cae, arrastra a todos los demás en su caída.

Ambas partes se han conducido a sí mismas a una posición difícil. La búsqueda a una salida al conflicto en Ucrania probablemente acabe pasando por la aceptación de la reincorporación de Crimea a territorio ruso, cuya renuncia por parte de Rusia solo significaría una crisis interna de dimensiones desconocidas y quizá un «Maidán» en la plaza Manezh de Moscú, pero con un componente «ultra» mucho mayor que el de Kiev. Por lo demás, en Rusia no existe ningún actor político lo suficientemente maduro ni con el suficiente apoyo popular como para sustituir a Vladimir Putin.

Un acuerdo de esas características, cuya forma definitiva habría de concretarse para que nadie pareciera salir perdiendo del mismo, probablemente también pasaría por el reconocimiento de un nuevo «conflicto congelado», con la aparición de un Estado no reconocido -Novorrossiya-, cuya mera existencia sería un recuerdo de que, de reanudarse las hostilidades, podría extender sus fronteras hasta el óblast de Kherson para proteger la frontera con Crimea. Estabilizar políticamente Nueva Rusia, en cualquier caso, no supondría ningún problema: Rusia cuenta ya con la experiencia de Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur. La patata caliente pasaría a estar, por lo tanto, sobre el tejado del Gobierno de Kiev.

El primer ministro ucraniano, Petro Poroshenko, no solo puede enfrentarse a una oposición política cada vez mayor -tras no haber cumplido varias de sus promesas electorales-, sino a un descontento popular que va ya en aumento y que los medios de comunicación occidentales silencian. El FMI ha anunciado un nuevo acuerdo de financiación, por el que desembolsará más de 21.000 millones de euros condicionados a una larga lista de reformas y ajustes que se sumarán a los ya realizados, como las subidas del precio del gas y del combustible para la calefacción -cuyo precio se quintuplicará en cuatro años- y la libre fluctuación del tipo de cambio de la divisa ucraniana, a raíz de la cual la grivna ha perdido casi la mitad de su valor frente al dólar y el euro en un año. Según un reciente artículo de la fundación Friedrich Ebert, vinculada a la socialdemocracia alemana, la economía ucraniana está en caída libre, la inflación ronda el 30%, la producción industrial -con uno de sus principales motores, la cuenca del Donbass, apagado por el conflicto- ha descendido y la financiación de su deuda ya no puede llevarse a cabo en los mercados, sino a través del FMI, el Banco Europeo de Reconstrucción y la UE.

Las difusas reivindicaciones económicas del Euromaidán, limitadas a las llamadas a luchar contra la corrupción, ofrecen pocas esperanzas de cambio a la población ucraniana. Según los pronósticos del FMI, el gasto público caerá 4.8 puntos, un nivel similar al del Gobierno griego entre 2010 y 2014. La diferencia estriba en quién plantará cara a los planes de austeridad en Ucrania. Desde que comenzó el conflicto, los sindicatos vienen sufriendo constantes daños materiales y pérdidas económicas, debilitándolos aún más si cabe con respecto a su posición anterior. Quedan pocas vías, pues, que canalicen este descontento, y ello en un país con un conflicto militar que ha visto cómo en los últimos meses aparecían como setas grupos paramilitares de extrema derecha y ejércitos privados financiados por oligarcas, cuyo control por parte de Kiev no siempre parece claro.

El pasado domingo, el líder de la formación neofascista Pravy Sektor, Dmitro Yarosh, anunció en su página web que no acataría los acuerdos de Minsk y ordenaría a sus militantes continuar con los combates «hasta expulsar a los invasores rusos» y «liberar todos los territorios ucranianos». Una semana antes, un grupo de manifestantes encapuchados quemó neumáticos frente al Ayuntamiento de la capital en protesta contra el aumento de las tarifas de transporte. Quién sabe si, a este paso, Kiev no acabará viendo un Antieuromaidán.