La decisión suspende un programa piloto patrocinado por Defensa que obligaba a los palestinos que trabajan en Israel a regresar a sus hogares en la Cisjordania ocupada a través del mismo puesto de control militar de acceso y sin emplear las líneas de autobuses israelíes.

La decisión, que aún no ha sido anunciada formalmente ni por la Oficina del Primer Ministro ni por el Ministerio de Defensa, sigue a las duras críticas recibidas tanto por organizaciones defensoras de los derechos humanos como por la oposición y otros grupos políticos.

El líder laborista Isaac Herzog, que encabeza la plataforma Campo Sionista, dijo que «la separación de palestinos y judíos en autobuses públicos es una humillación ilegal y mancilla al país y a sus ciudadanos».

En su perfil de Facebook, Herzog advirtió de que incendiaría las llamas «del odio hacia Israel en todo el mundo».

El exministro del Interior y miembro del conservador Likud, aunque retirado de la política, Guideon Saar, criticó el programa que «causa un grave daño a los asentamientos en Judea y Samaria (Cisjordania) y a la imagen de Israel en el mundo. No puede permanecer en pie».

Centenares de palestinos viajan cada día desde el territorio ocupado a Israel para trabajar, principalmente en la construcción, y lo hacen atravesando puestos de control militar israelí donde presentan sus permisos de trabajo y desplazamiento.

Hasta la fecha, estos obreros, que cuentan con la autorización israelí para desplazarse en su territorio, regresaban a suelo cisjordano en el mismo día y en autobuses que suelen emplear colonos judíos desde el centro de Israel hasta asentamientos como el de Ariel, en el extremo central de Cisjordania.

Los trabajadores palestinos que entraban en Israel podían regresar a sus casas en Cisjordania de la manera que eligieran, aunque la directriz que finalmente ha sido suspendía pretendía modificar estos hechos.

Cuando fue anunciada en octubre, los medios precisaron que el plan chocaba frontalmente con el Ministerio de Transportes, que aduce que no se puede impedir a los palestinos por ley desplazarse en esos autobuses.

La decisión respondía a las fuertes presiones ejercidas por dirigentes de los colonos, que consideran a los palestinos un «riesgo» para su seguridad.

La ONG Yesh Din (‘Hay Justicia’, en hebreo) calificó la medida de «racista y vergonzosa, que causa un grave deterioro moral a Israel», y anunció sus intenciones de recurrir al Tribunal Supremo de Justicia para impedir su aplicación.