La Asamblea Nacional de Grecia ha acogido esta semana la presentación de las conclusiones preliminares del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. Este grupo de trabajo se estableció el 4 de abril de 2015, a partir de la decisión de la presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopulu, quien confió la coordinación científica de este trabajo al historiador y politólogo Eric Toussaint y la cooperación con el Parlamento Europeo y otros parlamentos e instituciones internacionales a la europarlamentaria Sofia Sakorafa.

La exposición detallada y argumentada de las investigaciones realizadas hasta el momento llevó a Konstantopulu a afirmar que «la deuda es ilegal, ilegítima, insostenible y odiosa», y reclamar su eventual impago.

GARA conversó al término de las jornadas con algunos de los integrantes del Comité, compuesto por 30 expertos, griegos y extranjeros a partes iguales, sobre su valoración del trabajo llevado a cabo.

Leonidas Vatikiotis, economista y profesor universitario, se ha encargado del estudio de la deuda griega desde el año 1980 hasta la aparición de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), en 2010. Entre sus conclusiones, cita que «el aumento de la deuda no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria».

Vatikiotis considera que «a la luz de los muy reconocidos expertos en derechos constitucional, economistas y abogados, que prueban que la deuda pública alimentada durante las últimas tres décadas es completamente ilegal, la única opción posible para el primer ministro, Alexis Tsipras, es «declarar el impago pues tiene todo el derecho a cancelarla». Y advierte al resto de países europeos que «harían bien en detener las presión sobre el Gobierno griego, aceptar la legalidad y respetar las decisiones soberanas de Atenas sobre la cancelación».

Maria Lucia Fattorelli, exauditora del Erario Federal de Brasil y fundadora del movimiento «Auditoría Ciudadana de la Deuda» en su país, ha investigado para el Comité el contenido de los acuerdos bilaterales y con las instituciones financieras firmados por Grecia desde 2010, y denuncia las numerosas irregularidades contables y legales llevadas a cabo por las instituciones europeas, con el fin de endosar al estado griego los activos tóxicos de la banca privada.

«Estamos ante lo que podría denominarse una estafa, un fraude de dimensiones inmensas», señala. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea (CE) crearon empresas pantalla de carácter privado en paraísos fiscales, «para no tener que someterse a las leyes europeas e involucrando a los países de la Unión Europea en garantías de miles de millones de euros, solo para salvar a la banca».

Presiones a Grecia

Según la investigadora, desde 2009 la CE falseó estadísticas europeas, adoptó medidas ilegales y presionó a Grecia para crear un escenario que llevara a la aceptación de un canje de bonos sin ningún acuerdo de compraventa debidamente contabilizado, ni garantía para Grecia.

El mismo día en que se formalizó el préstamo a Grecia, «se fundó en Luxemburgo el EFF (Extended Fund Facility), una entidad privada encargada de la estabilidad financiera del país, y el Banco Central Europeo creó el programa SMP (Securities Market Programme) que vulnera el artículo 123 del Tratado europeo».

Además el FMI entregó, en un acto ilegal conforme a sus reglas, 250.000 millones de euros al EFF, y miembros de las instituciones financieras y los gobiernos de la época reconocieron ante el Comité las presiones a las que había sido sometida Grecia para que aceptara quedarse con la deuda de los bancos.

En opinión de Fattorelli, «lo que se presentó como un programa de ayuda, fue únicamente un trasvase de los activos tóxicos de la banca privada a los bancos centrales locales, y la deuda ha sido la herramienta para posibilitar este canje».

Sergi Cutillas, economista e investigador de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, insiste en esa línea cuando afirma que en 2010 el FMI «violó sus estatutos al prestar a un país que sabían que tenia una deuda insostenible, en lugar de haber llevado a cabo previamente una reestructuración o una quita». Los documentos recogidos «demuestran que tanto los préstamos como sus condiciones son odiosas, rompen la ley y están hechas con consciencia, premeditación y alevosía para proteger los intereses privados de los bancos, y profundizar el modelo neoliberal desmontando el estado del bienestar».

Pero Cutillas también denuncia la inaudita negativa del Presidente del Banco Central de Grecia, Yanis Sturnaras, a facilitar la información solicitada por el Parlamento amparándose en una cláusula de confidencialidad dentro del marco de la ley bancaria europea. Lo que supone anteponer los intereses de las entidades financieras a la soberanía popular representada por la Asamblea Nacional. El resultado, explica el investigador, es que «no tenemos evidencias de que el dinero de los préstamos fuera transferido, ni que pasara a ingresar las cuentas del Estado. No tenemos certeza de cuál ha sido el movimiento del dinero».