La Comisión Constitucional del Congreso español ha aprobado el proyecto de la Ley de Seguridad Nacional, con el apoyo del PP, PSOE y UPyD, mientras que ERC y Amaiur han apuntado que la misma pretende «frenar el proceso catalán», ya que «puede hipotecar el proceso democrático catalán mediante estados de alarma, de excepción y de sitio». CiU y PNV han considerado que «la ley pone en entredicho el Estado autonómico». 

El texto, con las enmiendas incorporadas y que ahora se remitirá al Senado, ha sido aprobado por 37 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, mientras que la votación de la «exposición de motivos como preámbulo» ha recibido el visto bueno con 25 votos, 2 en contra, y 13 abstenciones, entre ellas las del PSOE, que se han justificado en que «no ha habido enmiendas».

El diputado de ERC Joan Tardá ha señalado que la ley «viene a incrementar todo el aparato legislativo del que dispondrá el Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Catalunya y que culminará el 27S mediante unas elecciones que pueden dar lugar al inicio de un proceso constituyente que tiene que desembocar en la proclamación de la república catalana». Sin embargo, entiende que mediante lo aprobado hoy se puede llegar a «la suspensión de la autonomía». Por ello, Tardá ha acusado al Gobierno español de «ir lubricando la maquinaria represiva»,

En esta misma línea, el diputado de Amaiur, Rafa Larreina, ha destacado que «el peligro de la seguridad del Estado nunca está en el ejercicio de la democracia», señalando otros aspectos como la corrupción. En esta dirección, ha recordado que «ni Canada ni el Reino Unido se han debilitado por permitir el libre ejercicio del derecho a decidir de Quebec y Escocia». Asimismo, Xabier Mikel Errekondo, en declaraciones a ETB, ha defendido que «la ley nunca puede estar por encima de la voluntad mayoritaria de una sociedad como es la catalana».

Para el diputado del PNV Emilio Olabarria, ha criticado que «pone en entredicho el Estado autonómico». En la misma línea, Antoni Picó, de CiU ha declarado que supone «una nueva excusa para vaciar de competencias a las comunidades autónomas».

El diputado de Izquierda Plural Joan Josep Nuet ha rechazado la medida: «En este momento la mayor amenaza para el país se llama PP y especialmente si actúa bajo una mayoría absoluta».

La diputada del PP Beatriz Rodríguez Salmones ha defendido que «el Estado tiene como obligación» vigilar los «posibles peligros y situaciones de crisis». Desde el PSOE, su diputado Enrique Serrano ha basado el apoyo al proyecto en que es «necesario».