El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, se ha referido en su comparecencia de hoy a los recursos anunciados ayer por el Gobierno español a la Ley de Vivienda y a la ley contra el fracking, aprobadas por el Parlamento de Gasteiz el 18 y 30 de junio, respectivamente, alegando que son «inconstitucionales».

Erkoreka ha apuntado que «pueden personarse en el juicio ante el Tribunal Constitucional tanto el servicio jurídico del propio Parlamento vasco, que lo ha hecho en numerosas ocasiones, como el del Gobierno vasco» o ambos a la vez.

En todo caso, ha precisado que, «en este momento, el Ejecutivo del PP lo que requiere del Gobierno vasco es la posible constitución de la comisión bilateral de cooperación que está prevista en el artículo 33 de la Ley Orgánica del TC para los recursos de inconstitucionalidad».

En este sentido, ha señalado que ello retrasaría el plazo máximo para la interposición de recursos de inconstitucionalidad seis meses, ya que el plazo establecido con carácter general es de tres meses. «El objetivo de la comisión bilateral de cooperación es buscar acuerdos que impidan la interposición de los recursos», ha añadido.

Tras señalar que el Gobierno de Lakua «tiene por norma, como ha venido haciendo a lo largo de esta legislatura de forma sistemática, acceder a esta proposición y sentarse en la comisión bilateral de cooperación», ha señalado que, en este caso, lo hará «para defender íntegramente el texto tal como fue aprobado por el Parlamento vasco».

«No puede adoptar otra decisión. Como se trata de leyes que son producto de iniciativas no procedentes del Gobierno vasco, sino iniciativas parlamentarias o populares, no tiene capacidad de disposición en relación con el significado, el alcance, el contenido y la interpretación que deben darse a los preceptos aprobados por el Parlamento en esas dos leyes y, por lo tanto, no tiene capacidad de negociación, de maniobra para negociar. Se va a limitar a defender estrictamente el texto íntegro», ha puntualizado.

Erkoreka ha precisado que, a partir de ahí, «será el propio Ejecutivo central el que decida si, después de ese periodo, existen todavía razones para seguir manteniendo el recurso».

Ha recordado que, de momento, las leyes siguen en vigor «sin ninguna limitación», ya que el anuncio de interposición de recursos «no suponen, de modo automático, su suspensión». En todo caso, tendría que ser el Gobierno de Rajoy el que exigiera la suspensión de la aplicación de las leyes.