En una vista celebrada en el Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte, con sede en Greenville, la jueza Kimberly A. Swank ha decidido escuchar más argumentos de la acusación y la defensa sobre la extradición del acusado.

De esa manera, la magistrada ha pospuesto varias semanas su decisión sobre la entrega de Montano, de 72 años y reclamado desde 2011 por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.

Durante la vista, el letrado del Gobierno de EEUU, John Capin, ha argumentado que Montano debe ser entregado al Estado español en base al tratado de extradición entre Washington y Madrid y el reconocimiento por ambos países del delito de «asesinato», lo que les permite perseguirlo a través de las fronteras. «Sería un grave insulto no extraditar al acusado diciendo a un Estado soberano que sus leyes no son válidas y no pueden proceder», ha argumentado.

El Gobierno de EEUU defiende que Montano está directamente vinculado con las muertes porque profirió amenazas contra los jesuitas en la radio oficial del Ejército y porque, un día antes de la matanza, participó en una reunión donde uno de sus subordinados ordenó matar a los jesuitas.

En el lado opuestoa, el abogado defensor James E. Todd ha cuestionado la capacidad del Estado español y del juez Velasco para investigar el ataque de un escuadrón de la muerte en la Universidad Centroamericana (UCA), de la que era rector Ellacuría. «Dudo que España pueda volver atrás más de 25 años y saber qué pasó exactamente en un cruento conflicto, que El Salvador decidió superar, como España hizo con su guerra civil, con una Ley de Amnistía», ha añadido Todd.

La Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador protege a quienes cometieron «crímenes de lesa humanidad» durante el conflicto armado. El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lo consideró un fraude de ley, concluyó que los hechos no habían sido correctamente investigados y reclamó en 2011 la extradición de los militares.