Más de un centenar de indígenas y activistas que luchan por el medioambiente han muerto en Honduras desde 2010 por conflictos de tierra con empresas agrícolas, mineras y eléctricas, lo que convierte al país en «el más peligroso del mundo para el activismo ecológico», según denunció la ONU.

Un 6% de los ocho millones de hondureños pertenecen a alguna etnia indígena, que viven en las regiones más deprimidas por la pobreza, el analfabetismo y la falta de servicios de la nación cafetera.

«Tenemos una cifra de unos 111 defensores del medioambiente y los derechos humanos que han sido asesinados desde 2010. Se supone que el 40% son individuos de las comunidades indígenas», manifestó la relatora especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en una rueda de prensa.

El dato confirma que Honduras sigue siendo el país más peligroso del mundo para los activistas del medioambiente, por encima de otras naciones de riesgo en la región como Brasil y Colombia, según la organización no gubernamental Global Witness, con sede en Londres.

«Me preocupa profundamente el ambiente general de violencia e impunidad que afecta a muchas comunidades indígenas del país», agregó la funcionaria internacional, quien visitó durante ocho días Honduras, uno de los países más violentos del mundo, a petición del propio Gobierno.

Pese a que cada año mueren decenas de personas por conflictos con empresarios agrícolas, madereras, hidroeléctricas, exploradores de petróleo y gas, mineros y colonos, muy pocos casos llegan a resolverse.

«Los están matando de un disparo en la cabeza a plena luz del día, secuestrados, amenazados o hasta tratados como terroristas por oponerse al llamado desarrollo», denunció en abril pasado Billy Kyte, analista de Global Witness, en la presentación del informe «¿Cuántas (muertes) más?». «Los verdaderos autores de estos crímenes, que tienen de fondo una poderosa conexión de intereses estatales y empresariales, están logrando escapar sin ser castigados. Es urgente tomar acciones para proteger a los ciudadanos y llevar a los culpables ante la justicia», subrayó Kyte.

La activista hondureña Bertha Cáceres, dirigente del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y amenazada de muerte, remarcó a Efe en abril que «en Honduras es pública la política de criminalización contra los movimientos sociales. Vivimos en un estado de indefensión total, donde se asesina incluso a personas que tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».