Propuesto en virtud de un compromiso electoral por la titular de Justicia, Ayelet Shaked (del partido religioso Hogar Judío), el proyecto establece un riguroso control de las finanzas de las ONG, a las que exige que señalen en todo momento el origen de las donaciones. «En realidad la ley no cambia mucho. Ya estábamos obligados a revelar nuestros donantes según un acta de transparencia y si alguien quiere ver quiénes son solo tiene que abrir nuestra página de internet», explicó Guilad Grossman, de Yesh Din (Hay ley), que defiende a los palestinos frente a los «atropellos de derechos». Dicha ONG considera el proyecto un intento de «erradicar» a estas organizaciones «en lugar de luchar contra los problemas de la ocupación y el extremismo».

La nueva ley exige que cualquier ONG que reciba más del 50% de su presupuesto de gobiernos extranjeros lo declare abiertamente y en todo momento en sus informes públicos, así como en toda exposición, declaración o petición ante organismos o funcionarios israelíes. Igualmente, deberán mencionar explícitamente el origen de sus fondos y la identidad del gobierno que los patrocina, en lo que ha sido considerado una medida «discriminatoria» porque atenta contra la izquierda pacifista.

«Es un crimen de odio contra la democracia», afirmó la organización israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora), que recuerda que las nuevas disposiciones eximirán de forma deliberada a las ONG de la derecha sionista. Ello se debe a que el proyecto no contempla la necesidad de informar públicamente de donaciones privadas, como ocurre en la mayoría de los casos con los grupos partidarios de la colonización. Generalmente, las ONG sionistas reciben apoyo financiero de empresarios judíos de EEUU, mientras que las incómodas para Tel Aviv lo recaban de gobiernos europeos.

Entre las organizaciones que podrían verse afectadas está Breaking the Silence (Rompiendo el silencio), formada por exsoldados que denuncian graves violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados, así como otras que atienden los derechos de la minoría palestina del Estado de Israel.

Shalom Ajshav cree que la mal llamada «ley de transparencia» no es otra cosa que un intento de «deslegitimar a las organizaciones que critican las políticas del Gobierno. Si la ministra de Justicia está interesada realmente en transparencia, lo primero que debe hacer es promover una legislación que exija a las ONG de la derecha que expongan los millones que reciben de donantes privados y del propio Estado» (de Israel).