
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha confirmado que ha recibido varios recursos contra ocho diputados electos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una acción que la coalición ha calificado como la continuación de un supuesto «golpe judicial» que ya habían denunciado.
El órgano judicial ha difundido a los medios el acta de la impugnación entregada hoy como un «nuevo asunto ingresado» ante la Sala Electoral del TSJ con solicitudes de seis medidas cautelares para suspender los efectos de las elecciones de seis circuitos en tres estados del país.
El portavoz de la coalición opositora, Jesús Torrealba, ha recordado la acusación hecha por la MUD hace una semana, cuando aseguró que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) había presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la proclamación de 22 diputados electos en los comicios parlamentarios.
El Tribunal Supremo negó ese día a través de un comunicado que hubiera recibido alguna solicitud de impugnación de diputados opositores y añadió que la Sala Electoral no había trabajado esa semana ni se habían recibido amparos.
«Hoy cree el oficialismo, la cúpula corrupta y derrotada que por estar más cerca del 31 de diciembre, del año nuevo, pueden pasar este contrabando, pues les informamos que no va ser así, el Gobierno es el primer afectado por esta situación, el primer deslegitimado», ha subrayado Torrealba.
Maduro anuncia un «congreso nacional»
Por su parte, y tras varios días de ausencia en los medios, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reaparecido en su programa televisivo semanal, desde donde ha convocado a los diferentes sectores de la sociedad venezolana a participar en un «gran congreso nacional», con el objetivo de lograr el «renacimiento del bolivarianismo».
El mandatario venezolano ha afirmado que «viene un gran renacimiento que va a sacudir el año 2016», tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas.
El jefe del Ejecutivo ha precisado que este congreso, que se convocará para la segunda quincena de enero, fue una decisión que tomó tras recibir varias propuestas por parte del chavismo.
Además, ha anunciado la aprobación de un conjunto de leyes para «proteger al pueblo», entre ellas la prórroga por tres años más de la Ley de Inamovilidad laboral, un decreto que prohíbe los despidos de empleados, justo cuando el país se encuentra a la espera de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para reflotar la economía que prevé una inflación superior al 100% al cierre de 2015.

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