Catorce de estos 18 militares arrestados están acusados de participar en «uno de los mayores casos de desapariciones forzadas de América Latina», ha afirmado la fiscal general, Thelma Aldana.

La fiscal Aldana ha dicho en rueda de prensa que a este grupo de militares retirados arrestados se les imputan los delitos de desaparición forzada y lesa humanidad por al menos 558 desapariciones de indígenas entre 1981 y 1988.

Como pruebas ello están los restos óseos que fueron encontradas en fosas comunes en terrenos donde funcionó la Zona Militar 21 en Cobán, en el departamento norteño de Alta Verapaz.

Aldana ha precisado que de las 558 víctimas solo 97 han sido identificadas por el análisis de ADN.

En la Zona Militar 21, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), se excavaron en 2012 un total de 14 sitios y en 4 de ellos se hallaron restos óseos humanos, ha puntualizado.

La fiscal ha asegurado que los restos corresponden a población civil no combatiente y que como prueba tienen el testimonio de un superviviente.

Las investigaciones para dar con los responsables de las al menos 558 desapariciones se iniciaron tras la sentencia de 7.710 años de prisión emitida en marzo de 2012 contra cinco exparamilitares por la matanza conocida como ‘Plan de Sánchez’.

En esa masacre, perpetrada por el Ejército el 18 de julio de 1982, murieron 256 indígenas, la mayoría mujeres, niños y ancianos, de la etnia maya Achí.

Por su parte, el responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, ha mostrado durante la conferencia de prensa diapositivas que evidencian la saña con la que fueron ejecutados los indígenas.

López ha asegurado que, según los más de 350 testimonios con los que cuenta el Ministerio Público, los indígenas fueron secuestrados en operativos por los soldados y trasladados a la Zona Militar 21 donde fueron ejecutados.

Ha agregado que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ha podido determinar en las osamentas recuperadas que la mayoría tenía impactos de bala y heridas cortantes en el área cervical, tórax, cráneo, y estaban maniatados hacia atrás.

«Plana mayor»

López ha señalado que la mayoría de los 14 arretados son oficiales retirados que integraron la «plana mayor» de la Zona Militar 21, que «funcionó como centro de detención y ejecución clandestina».

Además de Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, están detenidos el militar Raúl Dehesa Oliva y el mayor retirado Byron Barrientos Díaz, de 64 años, exjefe de Inteligencia Militar y ministro de Gobernación (Interior) del Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004).

Además el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez (80 años), quien formó parte del triunvirato, junto a los generales José Efraín Ríos Montt y Horacio Maldonado Shaad, tras el derrocamiento en marzo de 1982 del presidente Fernando Romero Lucas García.

También Ismael Segura Abularach (72 años), Pablo Roberto Salcedo Mérida (68 años), César Augusto Ruiz Morales (65 años), Juan Ovalle Salazar y José Antonio Vásquez.

Así mismo Gustavo Alonzo Rosales García (72 años), Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Carlos Humberto Rodríguez López (67 años), Edilberto Letona Linares (78 años) y Edgar Rolando Hernández Méndez (76 años).

El expresidente Lucas García murió en 2006 en Venezuela, mientras que Ríos Montt y Mejía han sido declarados seniles por la justicia y no podrán ser imputados por estos hechos.

Por este mismo caso las autoridades han pedido un antejuicio contra Edgar Ovalle Maldonado, diputado electo de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la formación del presidente electo, Jimmy Morales.

Operación «histórica»

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que aglutina a familiares de las víctimas de la guerra, ha calificado de «histórica» la captura de los 14 exmandos militares.

«Estos personajes en algún momento se creyeron dueños de la vida y de Guatemala» y el reto del Organismo Judicial «es aplicar la justicia», ha explicado a Efe el activista.

El Juzgado A de Mayor Riesgo ha ordenado la prisión provisional de estos 14 detenidos en la Brigada Mariscal Zavala, en la periferia norte de la capital, y ha fijado para el próximo viernes la audiencia de primera declaración.

En otro caso de desapariciones forzadas, las autoridades han detenido a Manuel Antonio Callejas, exjefe de Inteligencia Militar, los excomandantes Francisco Luis Gordillo Martínez y Ediberto Letona Linares, y el exoficial Hugo Ramiro Zaldaña Rojas.

Estos cuatro militares retirados, cuya situación legal aún está por definirse, están acusados de la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, hermano de Emma Guadalupe Molina Theissen, quien fue torturada y violada por el Ejército durante 9 días por llevar propaganda política.