Fuentes jurídicas han informado de que el tribunal ha ordenado la reapertura de la investigación una vez ha estimado los recursos presentados por IU, la Asociación Justicia y Sociedad, Los Verdes, así como UPyD contra la decisión de sobreseimiento provisional de la causa acordada por el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid.

El tribunal entiende que «el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna» sobre los hechos, lo que les impide disponer de información contrastada para dirimir el caso.

Los magistrados señalan que «lo jurídicamente decisivo es averiguar la titularidad de los ficheros almacenados en los soportes destruidos», así como hallar a los responsables que destruyeron los discos duros de los ordenadores.

Del mismo modo, aseguran que el delito de encubrimiento ha de ser investigado de forma paralela o separada a la investigación del delito encubierto, sin que la falta de esclarecimiento definitivo de este último pueda justificar el sobreseimiento provisional.

El procedimiento se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien remitió las actuaciones a los juzgados de plaza de Castilla.