Basim Salah, de 38 años, murió a finales de noviembre pasado en Jerusalén a manos de policías israelíes cuando, según la versión de los agentes, agredía a uno de ellos con un cuchillo. Su cadáver, como los de otras decenas de autores o presuntos autores de ataques, se convirtió en el objeto de una confrontación macabra entre la tristeza y el sentido de lo sagrado de los familiares y los cálculos de seguridad y políticos de los israelíes.

Su hermano Saad retrató con su teléfono móvil el espanto de los suyos cuando vieron el cuerpo, que lograron recuperar gracias a la Media Luna Roja palestina.

Durante un mes, su familia, residente en Nablús, en la Cisjordania ocupada, reclamó el cadáver porque, según la tradición musulmana, debe enterrarse poco después del fallecimiento. «Solo queríamos enterrarlo. Enterrar a un muerto es honrarlo», explicó Saad. Pero hubo que retrasar el entierro porque el cadáver estaba en una postura rara, aparentemente por haber permanecido en la cámara frigorífica de un depósito. Hubo que «dejar derretir el bloque de hielo durante un día», cuenta su hermano.

Ante la espiral de violencia, Israel anunció que no devolvería más cuerpos a los familiares de los presuntos autores de atentados. Esta confiscación formaba parte de una batería de medidas, algunas de ellas puestas en entredicho por los defensores de derechos humanos. Pronto fue cuestionada, no solo por la opinión pública palestina, sino también dentro del Gobierno israelí.

En la práctica, las autoridades han retrasado la entrega de los restos mortales, en algunas ocasiones hasta más de tres meses.

Israel llegó a confiscar 56 cadáveres, según fuentes palestinas. Solo en el mes de octubre, llegó a tener en su poder 33 cuerpos. Pero entre finales de diciembre y comienzos de enero, devolvió decenas de cuerpos.

Abdallah Abu Hilal, médico del centro de Abu Dis, cerca de Jerusalén, vio desfilar los cuerpos petrificados por el hielo. Los restos mortales de Mazen Aribeh, de 37 años, «estaban tan congelados que hicieron falta varias personas para transportarlos», manifestó a AFP. «Por el estado de los cuerpos, de las cabezas, los israelíes deben tirarlos a las cámaras frigoríficas sin la más mínima precaución», añadió. El ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, alega que «las familias de los terroristas convierten los funerales en manifestaciones de apoyo al terrorismo y en llamamientos al asesinato; es inaceptable».

La prensa israelí se ha hecho eco de las reservas del ministro de Defensa, Moshe Yaalon, y de parte del Estado Mayor. Para ellos, privar a los palestinos de este ritual «acentúa las tensiones», dijo.

Al final, el Gobierno optó por dar libertad de acción a los ministros. Pero aun cuando restituye los cuerpos, Israel pone condiciones. Algunos entierros tienen que ser de noche y con un número limitado de personas.

Yaalon amenazó con no devolver más cadáveres y enterrarlos en territorio israelí si la Autoridad Palestina no mantenía el compromiso de evitar funerales masivos. Una propuesta ya planteada por Erdan a raíz del aumento de los ataques.

El pasado día 16, familiares anunciaron la creación de un comité para exigir la devolución de los restos mortales de sus allegados.

Se estima que Israel mantiene 262 cuerpos enterrados en cementerios diseñados para «el enemigo», en los que palestinos muertos en ataques o enfrentamientos son inhumados en fosas sin nombre, siendo un número su único distintivo.

Esta política –que organismos de derechos humanos como Hamoked definen como «un juego macabro»– data de la década de los 60. Israel la aplicó, sobre todo, durante la Segunda Intifada (2000-2005), retomándola nuevamente con fuerza desde octubre.