La amenaza de salida de Gran Bretaña a la que se enfrenta la Unión Europea, el «Brexit», que ha provocado amplias concesiones de Bruselas a Londres para evitarla, es solo una de la oleada de crisis de una intensidad inédita desde la creación del proyecto comunitario y que afectan a sus aspectos fundamentales.

El primer ministro británico, David Cameron exige a la UE reformas que prácticamente dejan una «adhesión a la carta» para Gran Bretaña, sobre todo en aspectos como inmigración, la gobernanza económica o la soberanía política.

Y aun con esas concesiones, –bajo la presión de los euroescépticos– Cameron tiene que convencer a sus ciudadanos, empezando por su propio partido, de que ha logrado de Bruselas un pacto aceptable, y acepten continuar en la Unión en el prometido referéndum.

A su vez, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, intenta convencer a los gobiernos europeos de la necesidad de un acuerdo con Londres antes de la reunión del Consejo que comienza hoy. El pasado 2 de febrero presentó el preacuerdo para responder a las reivindicaciones británicas, pero él mismo opina que el proceso es muy frágil. «Sería una derrota tanto para Reino Unido como para la UE, y una victoria geopolítica para quienes quieren dividirnos», indicó Tusk en la carta de invitación remitida a los líderes para el Consejo Europeo. «Tras mis contactos de las últimas horas he de ser franco: No hay aún garantías de que logremos un acuerdo», reconoció.

«La salida de Gran Bretaña significaría una conmoción con consecuencias difíciles de imaginar para Europa», declaró el primer ministro francés, Manuel Valls, mientras la canciller alemana, Angela Merkel, aseguraba que muchas de las demandas británicas están justificadas.

Y además, el preacuerdo debe pasar el filtro del Parlamento Europeo, en el que Cameron intentó el martes buscar apoyos. Al contrario de lo ocurrido con Grecia el pasado verano, cuando la amenaza de la salida de la eurozona fue un órdago ante el que reculó Atenas, la UE lo tiene más difícil para convencer a Gran Bretaña, la segunda economía de la Unión.

Por otra parte, el mayor flujo de migrantes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial amenaza con volar la libre circulación y volver a levantar las fronteras internas. Desde el llamamiento por parte de la Comisión Europea en la primavera del año pasado a apoyar a Italia y Grecia y gestionar en común la llegada masiva de migrantes a sus costas, los Estados miembros se muestran prácticamente paralizados y no han dejado de dividirse mientras la tragedia de las muertes en el Mediterráneo aumentaba.

Crisis de refugiados

La mayor parte ha frenado su participación en el programa de reparto de 160.000 demandantes de asilo, incluso cuando los llegados a Europa son ya más de un millón. Apenas unas docenas han sido acogidos y el plan está al borde del fracaso, a la vez que crece la xenofobia en varios países. La respuesta europea descansa además sobre la apertura en Italia y Grecia de centros de registro de los nuevos llegados para separar a los considerados refugiados, «aptos» para recibir protección internacional, de los migrantes económicos.

Varios países europeos plantean la exclusión de Grecia del espacio de libre circulación «Schengen», y acusan a Atenas de no controlar sus fronteras (el mar), mientras levantan vallas en las propias. En total seis países han restablecido los controles temporales en sus fronteras, al punto de que el espacio Schengen está más cuestionado que nunca

A la vez, la UE quiere pagar a Turquía –3.000 millones de euros– para que haga de policía fronteriza y frene las oleadas de refugiados, cuando ya acoge a casi tres millones.

Crisis del euro

Por otra parte, la crisis del euro está lejos de superarse y la mayor parte de los 19 estados de la eurozona recelan de las exigencias del Pacto de Estabilidad que limita la deuda pública al 60% del PIB. La situación del Estado español, Italia, Portugal y Grecia es particularmente crítica a ojos de las autoridades europeas.

Atenas, que aceptó seguir con las reformas ligadas a la austeridad a cambio del tercer rescate lidia ahora con su aplicación, mientras la UE y el FMI siguen estimándolas insuficientes.

Recorte a las ayudas a los trabajadores

La demanda más polémica de Londres a la UE consiste en privar durante cuatro años a los inmigrantes europeos de las ayudas sociales percibidas por los trabajadores más desfavorecidos. El sistema británico condiciona gran parte de los beneficios al empleo, incluso el mal pagado. Son ayudas semanales o mensuales a personas que trabajen al menos 16 horas por semana (para quienes tienen hijos, discapacidades o más de 60 años) y al menos 30 horas por semana (para edades entre 25 y 9 años sin hijos). El Gobierno conservador quiere que los trabajadores europeos no puedan recibir estos complementos ni tengan acceso a los alquileres sociales, al menos durante cuatro años. «Queremos acabar con la idea de que se puede obtener cualquier cosa sin contrapartidas», dice el primer ministro, David Cameron. Pero según el University College London, los migrantes provenientes de la UE son contribuyentes netos a la economía británica y han aportado 27.000 millones de euros en el último decenio. GARA