Pedro Sánchez se enfrenta hoy al veredicto de sus militantes con la certeza de que las bases del PSOE están desmovilizadas y que los vaivenes de su Ejecutiva no ayudan. En principio, el aspirante a presidente español se sacó de la manga la consulta como mecanismo para quitar poder a una Ejecutiva hostil. La idea era que, en caso de que la militancia diese el visto bueno a un acuerdo que los «barones» rechazaban, estos no podrían oponerse al veredicto de sus votantes. Sin embargo, ahora puede que el secretario general del PSOE esté pensando que no es tan buena idea. Una baja participación evidenciará que, por muchos malabarismos dialécticos que haga, en Ferraz pasan por horas bajas, después de haber tenido los peores resultados de su historia. Las continuas matizaciones que los líderes de Ferraz están realizando del texto acordado con Ciudadanos no les dejan en buena posición.

Pese a que el acuerdo es con Albert Rivera, tal y como los «barones» reclamaban, y no con Pablo Iglesias, no parece que estén satisfechos. Basta con escuchar el poco entusiasmo con el que líderes clave como Susana Díaz, presidenta de Andalucía, o Emiliano García-Page, jefe del Ejecutivo extremeño, han acogido el documento, para constatar que hay marejada en Ferraz. La batalla ahora es por las diputaciones, pero da la sensación de que la disputa es más de fondo. Al final, Sánchez únicamente ha logrado el apoyo de 131 diputados (PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria), lo que le condena al fracaso en las dos votaciones que tendrán lugar la semana que viene. Ni PP ni Podemos están dispuestos a abstenerse. Todavía está por ver qué efecto tendrá este intento fallido en el proceso interno que el PSOE tiene previsto para mayo. Por ahora no ha surgido ninguna candidatura alternativa, pero un Sánchez debilitado y con los principales «barones» en contra no parece la mejor opción como secretario general y candidato a unas nuevas elecciones.

Diputaciones

Para convencer a los «barones» críticos, el equipo de Sánchez ha comenzado a meter la marcha atrás en asuntos clave. Si el mismo día en el que se presentó el acuerdo el PSOE ya tuvo que recular con el abaratamiento del despido, ahora ha tocado el turno a las diputaciones. Según aseguró ayer Antonio Hernando, no es que vayan a eliminarse, tal y como se recoge en el documento, sino que se pondrán en marcha unos consejos de alcaldes que tendrían más o menos las mismas competencias. Vamos, que se modificará el nombre y habrá que ver hasta dónde llega el cambio. No se puede olvidar que Alfredo Pérez Rubalcaba, antecesor de Sánchez, ya trató de incluir esta medida en su programa de 2011 y se encontró con el rechazo absoluto de buena parte de los poderes fácticos del partido.

La confusión sobre el documento y lo que los líderes del PSOE aseguran ha llegado a un punto en el que ni siquiera se sabe qué se ha firmado. Un ejemplo claro: el texto de la web de Ferraz no incluye la misma literalidad que lo que puede leerse en la página de Ciudadanos. En el apartado sobre el contrato y el despido, el texto que publicita Sánchez asegura que no se abarataría y que se mantendrían las mismas indemnizaciones que operan actualmente (que, por cierto, fueron duramente recortadas en la reforma laboral del PP que ahora dice querer derogar). En la de Ciudadanos, sin embargo, se mantienen los tramos en los dos primeros años de contrato temporal que supondría bajar, todavía más, el pago por despido.

Pese a todo, Sánchez sigue con su estrategia de focalizar la presión sobre Podemos y culparle de «votar junto al PP» en caso de que no salga elegido presidente. Habrá que ver hoy si sus propios militantes le dan el aval. Nada hace pensar lo contrario, pero no hay entusiasmo.