La decisión de Maranhao, cuyas consecuencias jurídicas todavía no están claras, ha sido adoptada cuando el Senado se prepara para una votación que puede separar a Rousseff del poder durante al menos seis meses, y se apoya en supuestas irregularidades observadas en el trámite seguido en la Cámara Baja.

Maranhao, que asumió la Presidencia de la Cámara de Diputados la semana pasada, en lugar de Eduardo Cunha, suspendido del cargo por la Corte Suprema, ha aceptado una demanda presentada por la Abogacía General del Estado organismo que defiende a Rousseff en el proceso y que denunció «vicios que declaran nula de pleno derecho» la sesión del pasado 17 de abril, en que 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y dieron lugar al trámite.

El Gobierno y la propia Abogacía General del Estado han alegado que el proceso para la posible destitución de Rousseff comenzó por una supuesta «venganza» de Cunha, suspendido por su presunta implicación en la corrupción de la empresa estatal Petrobras.

La decisión del presidente interino de la Cámara Baja ha dejado en el limbo la votación que debe celebrar el Senado esta semana para decidir si se abre un juicio con miras a la destitución de Rousseff.

En principio, si el pleno del Senado, por mayoría simple de sus 81 miembros, se inclinase por la apertura del proceso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que pudiera durar el juicio y durante ese período sería reemplazada por el vicepresidente Michel Temer.

El vicepresidente, también enemistado con Rousseff, completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de que el Senado destituyera a la mandataria, lo cual dependerá de las consecuencias que pueda tener la decisión anunciada por Maranhao.

La presidenta pide «cautela»

La presidenta brasileña ha pedido «cautela» ante la decisión de Maranhao, porque «vivimos una coyuntura de mañas y artimañas». En un acto con cientos de estudiantes y profesores, ha considerado que el proceso contra su mandato es un «golpe contra la democracia» para poner fin a los programas sociales de su Gobierno.

En el otro bando, los principales partidos de la oposición han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar anular la decisión de Maranhao. «Presentaremos un recurso hoy mismo, lunes, para que el Tribunal Supremo Federal anule esa decisión», ha afirmado el diputado Pauderney Avelino, dirigente del Partido Demócratas (DEM).