A falta de tres días para que se celebren en 34 pueblos las consultas sobre el derecho a decidir organizadas por Gure Esku Dago, el delegado del Gobierno español, Carlos Urquijo, ha remitido oficios a los alcaldes y alcaldesas de esas localidades exhortándoles a no involucrarse.

«Es obligación de los alcaldes de los municipios afectados velar porque ningún recurso público, material o humano, se involucre en el desarrollo de las actividades previstas para esa jornada. Un partido político puede promover la independencia, pero la Administración Pública debe servir con neutralidad y objetividad a los interés generales, como así lo establece nuestra Constitución», sentencia Urquijo.

El representante del Ejecutivo de Madrid les recuerda «su obligación de abstenerse en el desarrollo de dicha consulta, dado que su participación institucional requiere, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, la preceptiva autorización previa del Gobierno de la nación y que la materia consultada se circunscriba a asuntos de ámbito municipal».

Contemplado en el protocolo de Gure Esku Dago

Gure Esku Dago ya se había adelantado a una posible injerencia como la de Urquijo, y en su protocolo de actuación se recoge que ni las instituciones ni los partidos políticos tendrán un papel formal en la organización de las consultas, que están organizadas por una entidad privada y, por lo tanto, no sujetas al artículo 71 de la Ley de Régimen Local que cita el delegado.

«Estas consultas populares son ejercicios democráticos vinculados a la socialización y reclamación del derecho a decidir», explica.