El actual Gobierno de Lakua, ya a punto de concluir la legislatura, está preparando un decreto con la intención que se apruebe en la siguiente si continúa en Ajuria Enea, y cuyo objetivo resume como «promover y prestar apoyo a procesos legales e individuales de reinserción de presos condenados por delitos de terrorismo». Lo ha presentado Jonan Fernández hoy durante un congreso en Donostia que reúne a expertos internacionales en favor de una «Justicia más humana», de carácter «restaurativo y terapéutico».

Por un lado, el proyecto de decreto busca promover la reinserción mediante «un distanciamiento crítico o autocrítico respecto al delito cometido». Para ello, el preso tendría primero que expresar su voluntad de participar. Luego una Comisión Asesora establecería contacto y se nombraría un responsable, con el que la persona presa definiría un «itinerario de contribución a la paz y la convivencia personalizado».

El Gobierno de Lakua informaría de ello a juzgados y tribunales, aunque Fernández deja claro que su colaboración con esta vía no está garantizada. Y tras el recorrido correspondiente la Comisión haría un dictamen final de valoración, «favorable a desfavorable a la reintegración social», en el que se computarían como factores positivos la participación en seminarios, los encuentros restaurativos con víctimas, el apoyo personal a procesos de desarme-disolución-desaparición, la aportación de testimonio o la disposición a satisfacer la responsabilidad civil. También en este caso sin consecuencias directas en forma de excarcelación o permisos, dado que la competencia para ello reside en Madrid.

En cuanto a la reintegración, desde la Secretaría de Paz y Convivencia se propone considerar a estos presos igual que a otros colectivos «vulnerables o en riesgo de exclusión», lo que implica apoyo para el acceso a la RGI, vivienda, sanidad, formación... en los casos en que las personas referidas «al salir de prisión acrediten no contar con recursos suficientes para rehacer su vida en libertad»: