Según fuentes judiciales, el juez de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, ha dictado sentencia en contra de estos 23 agentes de Estado por su responsabilidad en los delitos cometidos entre agosto y septiembre de 1976, que terminaron con la vida de la opositora de filiación comunista.

Entre los imputados que recibieron condenas de entre 12 y un año de presidio, destacan el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, que ya purga en la cárcel varios años acusado de «violaciones a los derechos humanos» y Ricardo Lawrence Mires, quién todavía se encuentra prófugo de la justicia.

Otros cinco agentes del régimen militar, que habían sido involucrados en este crimen, fueron absueltos por el juez Vázquez, según el fallo judicial.

En el aspecto civil, la justicia chilena ha condenado al Estado de Chile a pagar una indemnización, por concepto de daño moral, de 100 millones de pesos a Hilda y Berta Ugarte Román, hermanas de la víctima, profesora de 42 años.