Iraia OIARZABAL
DONOSTIA

De la «ley de destitución» al tira y afloja con la Renta Básica, ideas propias e intransferibles

¿Qué nos mueve a la hora de decidir nuestro voto? Se ha teorizado mucho alrededor de esta pregunta, principalmente entre los que defienden la influencia de las emociones a la hora de elegir papeleta y quienes sostiene que se trata de un comportamiento mucho más racional en el que el votante estudia las propuestas, el programa. Durante la campaña es habitual ver a los candidatos apelar a lo emocional en busca de apoyos, aunque también destacan infinitas promesas con las que atraer al votante. Un repaso a los puntos más llamativos de los programas electorales representa bien cada proyecto político.

PNV

TAV y alquileres para los jóvenes

En 229 páginas de programa en las que se dan las pinceladas de lo que los jeltzales ofrecen a la sociedad vasca se observa la apuesta por las grandes infraestructuras. Sobre el TAV, una de sus obsesiones no poco polémicas, promete culminar la red de alta velocidad y propone para ello la participación directa del Gobierno de Gasteiz en el desarrollo de las obras de las nuevas estaciones de Gasteiz, Donostia y Bilbo. Habida cuenta de que Lakua dejó de recibir de Madrid en 2011 el dinero correspondiente a las obras, la voluntad del Ejecutivo del PNV por sufragar los costes constata que es uno de su grandes intereses.

Tras el alboroto generado por sus declaraciones sobre el aspecto positivo de que los jóvenes vascos tengan que emigrar para poder acceder a un empleo o las palabras –muy poco afortunadas– del viceconsejero de Empleo poniendo en duda la efectividad de Lanbide en la búsqueda de empleo, el PNV intenta amansar las aguas. Urkullu se compromete a favorecer el acceso a la vivienda. Para ello priorizará el régimen de alquiler centrado en los jóvenes.

Cabe recordar que durante la pasada legislatura el Parlamento de Gasteiz aprobó con los votos de EH Bildu, PSE y UPyD la Ley de Vivienda que contempla, entre otras cuestiones, la consideración de la vivienda como derecho subjetivo, la penalización de las viviendas vacías o la expropiación a los bancos. PNV y PP no apoyaron el proyecto.

EH Bildu

Participación y renta para menores

Desde la premisa de que la gobernanza ha de estar al servicio de la ciudadanía y con la participación como base, la coalición plantea por un lado la supresión de privilegios, reduciendo como mínimo un 25% los sueldos del lehendakari y altos cargos. También aboga por la puesta en marcha de Plenos para el control ciudadano del Gobierno y el Parlamento.

Como propuesta novedosa, el programa incluye la creación de una ley ciudadana para la destitución de cargos públicos. «Apoyamos una Euskal Herria democrática construída por la ciudadanía no tutelada, empoderada y reconocida como única garante de esa misma democracia. Por ello nos comprometemos a habilitar los mecanismos necesarios para que sea una realidad», cita textualmente.

Como contraparte del planteamiento jeltzale y siguiendo el principio de participación propone una moratoria del proyecto del TAV y habilitar una consulta popular sobre el mismo.

En materia económica, y a grandes rasgos, la coalición se compromete a establecer un salario mínimo de 1.200 euros, crear 40.000 nuevos empleos públicos, diseñar una Renta Básica dirigida a niños y adolescentes en situación de exclusión, que las pensiones sean de un mínimo de 1.080 euros e implantar una Ley Antideshaucios.

Elkarrekin Podemos

Renta Básica Incondicional

El rescate de la ciudadanía ha sido uno de los mensajes más repetidos por Podemos desde su surgimiento. Entre las propuestas de Elkarrekin Podemos destaca la implantación de una Renta Básica Incondicional cuya estructura no concreta, dado que plantea primero abrirlo a debate para después someterlo a votación. Sobre su financiación, cree posible obtener los ingresos necesarios de la lucha contra el fraude fiscal. Entre los antecedentes más recientes de una propuesta en este sentido encontramos el caso de Suiza, que rechazó en junio la implantación de una renta mínima mensual de 2.300 euros para todos los ciudadanos.

Entre los puntos más ambiguos se encuentra el relativo a los derechos lingüísticos, fundamentalmente en lo relacionado con el euskara. Si bien se declara favorable a estimular su uso en las instituciones públicas «en condiciones de igualdad con el castellano», en el siguiente punto matiza que considera conveniente que «no se convierta en barrera infranqueable» para que quienes no saben euskara puedan acceder a un puesto de trabajo.

PSE

Un modelo fiscal ya conocido

La primera semana de campaña quedó retratada por el vídeo lanzado por el partido de Idoia Mendia sobre el euskara, cuyo impacto ha convertido el tema en la pieza estrella y casi única del programa del PSOE. En resumen, un intento por atraer al sector más españolista desfigurando la realidad y mostrando el euskara como impedimento y motivo de discriminación hacia la población no euskaldunizada.

Ojeando en detalle el programa electoral, destaca que sus planteamientos en materia fiscal contienen en parte medidas ya implantadas en algunos herrialdes. Se trata, en concreto, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas que plantea crear de manera armonizada en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Dicha figura ya estuvo presente en Gipuzkoa en la anterior legislatura a iniciativa de EH Bildu y con el apoyo del PSE. Tras su entrada en la Diputación, el PNV –con el propio PSE como socio coaligado– se apresuró a eliminarla.

PP

Inmigración y RGI: la eterna guerra

Pocas sorpresas en las medidas publicitadas por el PP. Alfonso Alonso sigue la estela de su compañero de partido Javier Maroto, que durante los últimos coletazos de su mandato como alcalde de Gasteiz lanzó una campaña contra el fraude en el cobro de la RGI apuntado directamente a un sector concreto de la población: el de la población inmigrante y de origen magrebí. Su planteamiento generó una importante reacción de gran parte de la población y de las fuerzas más progresistas, aunque también alentó los instintos más xenófobos.

El cabeza de lista del PP a las elecciones del próximo día 25 se suma al carro abogando por controlar el fraude. El fraude en el cobro de ayudas sociales, cabe puntualizar, dado que poco se fija en los escándalos que tanto en la CAV como en el Estado salpican a su partido. Concretamente afirma que «la gestión de los servicios sociales en Euskadi está estimulando el efecto llamada», ante lo que aboga por actuar porque «los gobiernos del PP siempre han tenido entre sus prioridades eliminar el fraude en cualquier ámbito de la actividad pública».

Ciudadanos

Pocas propuesta y más unionismo

Su candidato, Nicolás de Miguel, con el acompañamiento de Albert Rivera, apenas ha lanzado propuestas más allá de sumarse al frente de PP y PSE contra el euskara y el derecho a decidir.