La Comisión Europea tenía previsto defender ayer ante la Eurocámara la suspensión de una parte de los fondos estructurales y de inversión comprometidos para el año 2017 para el Estado español y Portugal por haber incumplido ambos el objetivo de déficit del año 2015.

La congelación parcial de los fondos estructurales y de inversión sería consecuencia de que Bruselas constató a principios de julio la «falta de acción efectiva» por parte del Gobierno español para cumplir con sus objetivos de déficit. Madrid debía haber cerrado el pasado ejercicio con un desvío del 4,2% en sus cuentas públicas, pero finalmente registró un déficit del 5% (5,1% si se toman en cuenta las ayudas al sistema financiero).

La normativa comunitaria prevé la suspensión de hasta el 50% de los fondos estructurales y de inversión comprometidos para el siguiente año. En el caso del Estado español, podría suponer la congelación de hasta aproximadamente 1.300 millones de euros, según estimó el ministro de Economía en funciones, Luis De Guindos, en el Congreso. Otra posible consecuencia era una sanción del 0,2% del PIB, que finalmente fue cancelada o, eufemísticamente, reducida a «cero euros».

Según las reglas comunitarias, Bruselas debe escuchar la opinión del Parlamento Europeo porque es colegislador en cuestiones presupuestarias y gestión de fondos, aunque su dictamen no sea vinculante. Una vez hecho esto, el Ejecutivo comunitario podrá presentar su propuesta, que detallará la cantidad concreta de fondos estructurales que se suspenderán.

En la audiencia de ayer, el vicepresidente de la Comisión Europea para Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, y la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, debatieron la congelación de fondos ante las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Regional de la Eurocámara. Este jueves será la conferencia de presidentes del Parlamento la que decidirá los pasos a seguir.

No influiría a corto plazo

Según las agencias españolas, Corina Cretu afirmó que la suspensión de fondos estructurales «no tendría un impacto a corto plazo en absoluto» sobre la aplicación de los programas europeos, al menos hasta 2020, y se aplicaría «solo si el país no adopta ninguna medida».

«La posible suspensión de los fondos no es una sanción, (...) forma parte de unas medidas más amplias y vinculadas a las recomendaciones especificas al país», puntualizó.

No obstante, recordó que se trata de una medida contemplada en el procedimiento de déficit excesivo abierto a Madrid y Lisboa, una vez que ambos se libraron de una multa el pasado julio. Este es un procedimiento inédito hasta ahora en la UE y presenta muchas incógnitas.

La comisaria también resaltó que «las condiciones económicas y sociales se van a tener en cuenta», en particular el desempleo –con tasas muy altas en ambos estados ibéricos–, lo que también puede llevar a la CE a «priorizar» si suspende unos u otros programas.

La suspensión de compromisos presupuestarios –el importe máximo de pagos a los que se puede comprometer la Unión Europea en un periodo– podría suponer una reducción de la financiación de programas de empleo, agrícolas y regionales, entre otros.

El FMI no esperará más a la formación del nuevo Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) llevará a cabo desde la próxima semana su examen anual de la economía española, cuyas conclusiones plasmará en el informe conocido como «Artículo IV», que se publicará a principios de diciembre, según indicó a Europa Press un portavoz de la institución. La misión compuesta por los técnicos del FMI visitará Madrid entre los días 13 y 25 de este mes para mantener contactos sobre el terreno con representantes del Gobierno en funciones y del resto de partidos, así como con otros agentes económicos.

El bloqueo político resultante de las elecciones celebradas el pasado 20 de diciembre llevó al FMI a aplazar la visita de sus técnicos hasta la segunda mitad del año con la expectativa de que se hubiese despejado esa incertidumbre. Pese a que la nueva convocatoria electoral del 26 de junio no haya servido aún para formar Gobierno y del complejo panorama político en el Estado, el FMI ha decidido no posponer más su examen de la economía española.GARA