El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado el auto de apertura de juicio oral por la consulta popular del 9 de noviembre de 2014 contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras de Educación Irene Rigau y Gobernación Joana Ortega bajo la acusación de los delitos de «desobediencia y prevaricación», pero descarta la «malversación», con lo que se descartan penas de prisión.

En el auto, el magistrado instructor de la causa, José Francisco Valls, ordena juzgar a los tres políticos por los delitos de «desobediencia grave» cometido por cargo público y «prevaricación administrativa», por los que Mas se enfrenta en calidad de «autor», según petición del fiscal, a diez años de inhabilitación, mientras que Rigau y Ortega, como «cooperadoras necesarias», a nueve.

Pese a que lo solicitaba la acusación popular, el juez descarta el delito de «malversación de caudales públicos», el único que acarrea penas de prisión.

El 9 de noviembre de 2014, cerca de 2.250.000 catalanes votaron en la consulta popular sobre la independencia, después de que el Tribunal Constitucional español declarase «ilegal» la convocada por el Govern.