El proyecto ha sido defendido por el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, quien ha explicado que en los presupuestos de 2016 existen tres partidas relacionadas con la participación institucional de agentes económicos y empresariales, con las que se encontrado con dificultades en su tramitación.

Solo en una pequeña parte de los recursos se ha podido arbitrar una solución, de ahí que se proponga que las partidas destinadas a la participación en el Servicio Navarro de Empleo y el Consejo de Diálogo Social, que no iban a poder ejecutarse, se trasladen a la partida de representatividad, que «es universal y se extiende a todos los agentes».

A favor se han posicionado Rafael Eraso, Geroa Bai, quien ha destacado que no supone un incremento de gasto y Arantza Izurdiaga, EH Bildu, quien ha considerado adecuada la iniciativa y ha resaltado que garantiza la igualdad de trato entre los sindicatos.

Por el PSN, Ainhoa Unzu ha dicho a la presidenta Uxue Barkos que «una vez más los socios del cuatripartito dejan al Gobierno tirado a los pies de los caballos». Ha justificado el voto a favor porque el objeto es ayudar al funcionamiento sindical y empresarial en las funciones que tienen encomendadas.

«Es la sexta vez que se aprueba una modificación presupuestaria, a ver si hacemos las cosas un poquito mejor», ha dicho la portavoz del PPN, Ana Beltrán, quien también se ha posicionado a favor, tras lo que ha puesto en valor el trabajo de los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Igualmente a favor se ha posicionado I-E, ya que, según ha subrayado su portavoz José Miguel Nuin, creen en la financiación pública de instituciones como partidos políticos, sindicatos y otros agentes sociales.

En contra, aunque los regionalistas se han abstenido, se ha pronunciado Carlos García Adanero, UPN, quien ha opinado que «se ha querido que pase de tapadillo este proyecto de ley», a lo que ha añadido que ahora es aprobable porque algo ha cambiado, «porque en el reparto entran ELA y LAB».

La postura en contra de Podemos ha sido defendida por Carlos Couso, quien ha partido de que buena parte de las organizaciones sindicales y empresariales son «opacas», lo que les ha llevado a solicitar un informe a la Cámara de Comptos para la realización de una auditoría técnica de las actividades de organizaciones sindicales y empresariales en el marco del SNE.

Se trata de una «ley claramente direccionada a incrementar la subvención pública a unas organizaciones muy concretas que habían asumido compromisos de estructura sobre la base de que iban a contar con unos ingresos públicos», ha dicho, por lo que mientras no dispongan de la auditoría su voto es contrario «por responsabilidad».