La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha defendido el plan que entrará en vigor el 1 de enero de 2017 «cubre un vacío financiero», un plan de «transición» mientras no se aprueba una nueva fórmula de financiación de las entidades locales, lo que se espera que suceda en 2019.

Dotado de 100 millones de euros, 20 para el ejercicio de 2017 y 40 para los siguientes, parte de un principio de «equilibrio territorial», de forma que se potencia que las entidades pequeñas y peor dotadas tengan más recursos y de «solidaridad social», ya que un tercio de los puestos de trabajo que se creen serán de personas que perciben una renta mínima de inserción y se introducen criterios de interés social para las inversiones.

Además, según la consejera, va a suponer un incremento de los servicios básicos, va a permitir el acceso a las nuevas tecnologías en zonas desfavorecidas y asegura la garantía de equidad en las inversiones en las infraestructuras locales.

El plan consta de tres programas, el primero, el de inversiones, dotado de 34 millones, que incluye obras vinculadas al plan director de abastecimiento de agua en alta, residuos urbanos y banda ancha.

El de programación local, con 43 millones, incluye obras aprobadas a partir de las solicitudes de la entidades locales y el tercero, el de libre determinación está surtido con 23 millones, de los que 17 se destinan a las entidades de menos de 3.000 habitantes.

Por Geroa Bai, Unai Hualde, ha apuntado que «UPN también dejó su herencia en Administración local», de ahí la necesidad de adoptar una serie de medidas «urgentes» que «se han encaminado por medio de este proyecto», del que ha destacado su «apuesta por corregir desequilibrios territoriales».

Esto último ha sido valorado también por Adolfo Araiz, EH Bildu, quien igualmente ha reprochado a UPN que ahora que está en la oposición pida mayor dotación financiera. Sobre el plan ha dicho que «difícilmente» puede hacer frente a todas la necesidades en materia de inversiones locales, pero es un «primer paso para desbloquear la situación generada por gobiernos de UPN».

El parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha valorado el objetivo de corregir los desequilibrios territoriales, la «solidaridad territorial» plasmada en un plan de «transición» que ha considerado «comedido, realista y aceptable».

Para I-E, según Marisa de Simón, el plan tiene mejoras importantes como la recuperación de la inversión local, que se prioriza en función del interés social y general; aporta más equilibrio y desarrollo territorial y promueve la inclusión social de personas perceptoras de rentas de inserción social.

La parlamentaria de UPN María Carmen Segura, ha afirmado que los ingresos del Gobierno son cada vez mayores, por lo que si no lo ha dotado de más presupuesto es porque no cree en él. En su opinión no se trata de un plan, «es una estafa a las entidades locales porque no cumple las expectativas, ni cubre las necesidades reales».

En la réplica, Javier Esparza se ha sumado a las críticas y ha afirmado que el director de Administración Local, Xabi Lasa, quien ha seguido el debate desde la tribuna de invitados, si estuviera en la sala votaría en contra, porque éste no es el plan que querían.

Por el PSN, Santos Cerdán ha dicho que el plan «no garantiza ni una participación justa, ni proporcional» y ha criticado que se introduzca en él la partida de banda ancha, tras lo que ha señalado que es un «mal plan», un plan «insuficiente y escaso». Ha defendido ampliar la dotación en 40 millones y cambiar el reparto.

Javier García, PPN, ha reprochado el rechazo de las enmiendas presentadas por la oposición a un «plan insuficiente y sectario», que «no se adapta al mapa local» y que crea un «problema añadido de limitaciones técnicas de las administraciones más pequeñas».