En su defensa, el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha explicado las principales líneas de la ley, si bien ha reconocido la controversia sobre este impuesto, del que se discute incluso «su razón de ser», aunque «la practica lo elige», como demuestra que los países desarrollados lo tienen.

En cualquier caso, se ha comprometido ha realizar una «reflexión» al respeto que ocupará al departamento en los próximos meses para «estudiar bien si cumplen su finalidad los beneficios fiscales y deducciones» que contiene un impuesto cuya «auténtica vocación es la de recaudación».

En cuanto a la ley aprobada, concebido para ayudar al incremento de las actividades económicas y a la captación de inversión estatal y extranjera, el Impuesto sobre Sociedades grava la renta obtenida por las empresas y, junto al Impuesto sobre el IRPF, constituye el pilar fundamental de la imposición directa.

Afectado por una constante pérdida de capacidad recaudatoria y aquejado de complejidad y problemas de seguridad jurídica, la nueva Ley refunde y compila la compleja realidad tributaria, manteniendo las principales medidas fiscales reguladas en la norma originaria (data de 1996), incorporando nuevos incentivos, como la eliminación del límite para determinadas deducciones, y mejorando las previsiones de apoyo al emprendimiento.

En ese sentido, se mantienen los tipos de gravamen ya existentes y se conserva el sistema de amortización fiscal, la obligación de realizar el pago fraccionado y el régimen específico de la pequeña empresa, por entender que proporciona estabilidad normativa y suficiencia recaudatoria.

Por otra parte y en aras a combatir las lagunas normativas detectadas, se incorporan varias disposiciones tendentes a combatir el fraude fiscal a nivel interno e internacional, en consonancia con el Plan aprobado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y asumido por la Unión Europea y las empresas del Ecofin.

Por tanto, la Ley Foral mantiene las reglas esenciales de la actual estructura del Impuesto sobre Sociedades, en la que el resultado contable sigue constituyendo el elemento de partida para la determinación de la base imponible.

No obstante, entre sus novedades destaca lo referido a las sociedades civiles de carácter mercantil, que pasan a tributar conforme a la normativa del Impuesto de Sociedades.

Además, se consigna una regulación alusiva a la investigación y el desarrollo, para posibilitar que aquellas personas ajenas al proyecto que contribuyan o se encarguen de su financiación puedan recibir beneficios fiscales.

Del mismo modo y en sintonía con el impulso otorgado a las personas físicas a través de la Ley de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, se hacen extensivos los beneficios fiscales a las personas jurídicas que inviertan en renovables y vehículos eléctricos.

En el transcurso del debate efectuado en Pleno se han aprobado, por unanimidad, dos enmiendas in voce de carácter aclaratorio suscritas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

En el turno de los grupos, por el cuatripartito sus portavoces han coincidido en valorar la «reflexión» a la que se ha comprometido el consejero acerca de este impuesto, aunque también han coincidido en aplaudir el sentido en el que van las reformas que contiene.

Jokin Castiella, Geroa Bai, ha asegurado que ayudarán a «facilitar y generar nuevos espacios de desarrollo económico», Adolfo Araiz, EH Bildu, ha lamentado que no se haya realizado la «reforma radical» deseada y, al igual que Laura Perez, Podemos, ha instado a que sea una reforma «transitoria» hacia una mayor, una «asignatura pendiente», según José Miguel Nuin, I-E.

Al cuatripartito se ha unido PSN, cuya portavoz, Ainhoa Unzu ha mostrado su apoyo porque el contenido «va por buen camino» y, «aunque es mejorable», avanza en general.

Por el contrario, desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha lamentado la «dinámica fiscal» del Gobierno que «perjudica la marcha de Navarra» y que se basa en el afán recaudatorio del cuatripartito -que así «arreglan la paz entre ellos», ha dicho- pero después no se traduce en inversiones que incentiven la economía.

En la misma línea, Ana Beltrán, PPN, ha lamentado que esta ley «profundiza» en una política que «pone el pie sobre la cabeza de los empresarios» y conlleva «medidas que agravan más su situación».