A juicio de UPN, la decisión del Gobierno navarro, amparada en informes técnicos propios y que ha provocado el rechazo de Madrid, se ha producido «el pasado 30 de diciembre, de forma insólita y sin previa concertación con la parte estatal».

Para el partido que preside Javier Esparza, «es un gravísimo precedente incumplir el Convenio Económico en contra del criterio del único informe técnico realizado para calcular la aportación correspondiente al años 2016 y la Ley que lo regula, en concreto en su disposición transitoria segunda».

«Esta decisión sitúa a Navarra en una pésima posición pues quien incumple lo pactado y lo establecido por la ley, habilita a la otra parte adoptar decisiones unilaterales y deja sin argumentos la defensa de Navarra en una negociación pues nadie cree a quien incumple lo acordado», ha señalado UPN en una nota de prensa.

Frente a esta posición, la tesis del Gobierno de Uxue Barkos es que Nafarroa ha aportado en los últimos años al Estado español más de lo que le correspondería. La cantidad de más que se ha pagado oscila entre 100 y 250 millones de euros al año, lo que supone un lastre para las arcas navarras.