EH Bildu Gipuzkoa ha emitido una nota en la que subraya que los anteriores responsables de la Diputación y el consorcio GHK actuaron «en defensa de los intereses públicos y de la salud de la población guipuzcoana» con sus decisiones sobre la incineradora de Zubieta y «se respetó la voluntad de la ciudadanía».

Ha recordado que el proyecto que adjudicó el anterior gobierno del PNV estaba «sobredimensionado», tenía un tamaño «que no se correspondía con las necesidades de tratamiento de residuos de nuestro territorio» y era una infraestructura «perjudicial para las personas», por lo que significaba un «despilfarro de dinero público».

Además, ha señalado que la decisión de rescindir el contrato se adoptó «de forma razonada» y «de mutuo acuerdo» con las empresas adjudicatarias de la obra.

La coalición ha destacado que el juzgado de Donostia que ha declarado nula la rescisión del contrato «no ha entrado en el fondo del asunto», por lo que «ni siquiera ha tenido en cuenta esos argumentos fundamentales». Para EH Bildu, las personas con responsabilidad pública tienen la «legitimidad» e incluso la «obligación» de «paralizar una infraestructura sobredimensionada con el fin de evitar perjuicios a las personas».

«No solo eso, sino que además lograron que la rescisión del contrato se llevara a cabo de mutuo acuerdo con las constructoras. Así pues, actuaron con responsabilidad y en defensa del interés general de la ciudadanía», ha remarcado.

EH Bildu ha insistido en que la gestión de los responsables forales fue «correcta y acorde a la ley», pero sin embargo la resolución judicial no entra en el fondo de la cuestión y por eso «no puede valorar los motivos que condujeron a la rescisión del contrato». Por ello, la coalición ha anunciado que sus representantes llevarán a las mancomunidades una propuesta para recurrir la sentencia, con el fin de que se tengan en cuenta «las razones principales que demuestran que las decisiones adoptadas se hicieron de acuerdo con la legalidad».

EH Bildu se ha reafirmado en su compromiso contra la incineradora, ha recordado que desde que el Gobierno foral de Markel Olano «resucitara» el proyecto se han multiplicado las movilizaciones contra la planta y ha hecho hincapié en que una Administración pública «debe defender hasta el final los intereses de la ciudadanía, especialmente en dos ámbitos: la protección de la salud y del dinero público».