Trabajadoras y trabajadores de Gorabide, asociación dedicada a apoyar a las personas con discapacidad intelectual, se concentraron ayer frente al Palacio de la Diputación de Bizkaia para exigir un acuerdo en su convenio colectivo, que lleva sin renovarse desde el año 2013.

En un comunicado remitido el martes, recordaron que «han sido muchas las reuniones mantenidas durante este año, con una actitud rígida y pasiva por parte de la empresa, que está priorizando su imagen y la obtención de premios antes que la calidad de sus servicios y las condiciones de trabajo de sus profesionales».

Ante esta situación, la plantilla de Gorabide insta a la Diputación foral, que es la institución responsable de la atención a las personas a las que prestan apoyo, «a dejar de mirar hacia otro lado e implicarse en una lucha que, por responsabilidad directa, es suya, ya que todas las plazas de las personas atendidas son públicas y adjudicadas por esta Administración».

En este sentido, cabe recordar que el mes pasado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, afirmó que la defensa de los derechos y la protección de las personas en situación de fragilidad, como es el caso de las personas con discapacidad, «debe ser una apuesta prioritaria para el conjunto de las instituciones, incluido el Gobierno vasco».

Dura negociación

Las discrepancias entre los responsables de la asociación y los trabajadores se han sucedido en los últimos meses. Según informó la dirección de la asociación, en octubre se ofreció al comité un incremento salarial del 1% para 2016 y del IPC en 2017 con un mínimo garantizado del 0,7%. El comité rechazó esa oferta ya que los trabajadores reclamaban un aumento del 1% para el año 2016 y del 1% para el presente ejercicio.