La sentencia que condena a la Diputación y al Ayuntamiento de Barrika a pagar una indemnización de 1,5 millones de euros a tres promotoras por los daños causados por la recalificación ilegal de Barrikabaso ya es firme después de que ninguna de las partes haya presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El TSJPV reconoció en octubre parcialmente las reclamaciones de las firmas que impulsaron esa urbanización de lujo en la costa vizcaina –Astarloa 91, Arne Muriola y Abandonada Muriola–, a quienes se tiene que pagar por los trabajos que ejecutaron en los sectores de Muriola y San Telmo.

Ayer, EH Bildu registró una petición en las Juntas Generales para que comparezca el diputado general, Unai Rementeria, al objeto de informar cómo piensa dar cumplimiento a esa sentencia; cómo se ha llegado a esta situación, que comenzó a gestarse en la década de los 90; y quién permitió que se urbanizase una zona de especial protección paisajística. La juntera Onintze Oleaga criticó que, con el tiempo transcurrido, no se haya abierto un expediente en la Diputación para depurar responsabilidades políticas, atribuyéndolo a los «intereses partidistas» que han rodeado toda la operación de Barrikabaso, en terrenos propiedad de la familia Lezama-Leguizamón.

La reclamación patrimo- nial –inicialmente exigieron una compensación de 24,6 millones– la presentaron las constructoras en 2011, después de que dos años antes el Supremo, tras dos sentencias anteriores en el mismo sentido, declaró nula la reclasificación de los terrenos y obligó al derribo de los 14 chalés que ya se había levantado. Las viviendas de lujo no se demolieron porque la asociación naturalista Txipio Bai, que impulsó la batalla en los tribunales para preservar ese espacio privilegiado de la costa vizcaina, no quiso perjudicar a sus propietarios.

El Ayuntamiento de Barrika aprobó la primera recalificación en 1997, que avaló la Diputación, para construir 85 chalés y 12 viviendas de protección a pesar del rechazo de Medio Ambiente de Lakua. Antes de la sentencia del Supremo, en 2009, hubo otras dos del TSJPV, en 2001 y 2004, pero desde la primera las administraciones municipal y foral maniobraron para edificar en Barrikabaso. Por ello, las promotores les reclamaban una indemnización.

Asier García, edil de EH Bildu, se preguntó ayer cómo piensa pagar el Consistorio, gobernado por el PNV, la parte de los 1,5 millones de euros que le corresponde cuando el total de la indemnización supone el presupuesto anual de la institución. Además, incidió en el dinero que se ha empleado en el proceso judicial, en el que las cuatro sentencias han sido contrarias a lo defendido por el Ayuntamiento y la Diputación, y lo que habrá que invertir para recuperar Muriola y San Telmo tras el paso de las excavadoras.

García, precisamente, remarcó el daño que ha sufrido ese paraje natural privilegiado.