Eguren Cortazar ha testificado en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia contra el exalcalde, a quien el fiscal le acusa de los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial, por los que pide una pena de tres años y medio de cárcel y diez de inhabilitación.

El propio exregidor mantuvo en su declaración efectuada ayer martes que consultó con el secretario la posibilidad de modificar una cláusula del pliego de adjudicación a la hora de redactar el contrato y que «nadie» le comentó que no pudiera llevarse a cabo.

Dicha modificación consistía en variar la fecha en la que la empresa adjudicataria debía empezar a pagar el canon al Ayuntamiento y a la dirección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, tanto por la construcción de un centro de talasoterapia como por la obras de habilitación de unos servicios públicos en la playa de la localidad.

Finalmente solo se construyeron los servicios públicos; la empresa ya no existe y el consistorio tuvo que abonar el canon a Costas. Por ello también se pide que el exalcalde indemnice al Ayuntamiento con 470.000 euros.

El secretario ha relatado que la consecuencia del cambio de fechas suponía «perdonar» durante un año el pago del canon. Pese a que ha insistido en que advirtió al alcalde de la «ilegalidad» de la modificación de las cláusulas, el secretario ha reconocido que redactó dicho contrato, con los cambios incluidos, y lo firmó.

Preguntado por la defensa del acusado, ha afirmado que entre sus funciones está la redacción de un denominado «informe de reparo» en el caso de que detecte alguna actuación irregular en el Ayuntamiento, y ha reconocido que en este caso no escribió dicho informe porque «las partes ya habían acordado la modificación» y «todos éramos conscientes de la ilegalidad».

En cambio, redactó otro informe en el que hablaba de «discrepancias» entre el contenido del pliego de adjudicación y el contrato, pero sin citar la palabra «ilegalidad».

Concejales de la oposición

Durante esta sesión también han declarado varios concejales de la oposición en la legislatura en la que ocurrieron estos hechos, entre ellos Alberto Bilbao, de EA, quien presentó la denuncia judicial por este asunto.

Según ha explicado, en aquel momento pidió en varios plenos municipales la rescisión del contrato con Kiura porque no pagaba el canon y estaba ocasionando un perjuicio económico al Ayuntamiento, lo que finalmente ocurrió en la siguiente legislatura.

Ha destacado queel secretario municipal le dijo en su momento que había advertido al alcalde de que su actuación era ilegal.

El juicio continuará con la declaración del administrador de Kiura, que tendrá lugar el próximo 20 de febrero ya que en este momento no está en el Estado español. Tras esta testifical, se abrirá el trámite para variar o mantener las acusaciones y posteriormente se leerán los informes de las partes.