Juan Francisco Eiguren Kortazar, secretario-interventor del Ayuntamiento de Bakio, explicó ayer en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia contra quien fue alcalde entre 1995 y 2011 que advirtió verbalmente a Txomin Renteria de que se cometía una «ilegalidad» si se modificaban las cláusulas del pliego de condiciones para la construcción y explotación de un centro de talasoterapia, tal y como le demandó el primer edil jeltzale.

El funcionario municipal insistió en que no concordaban las disposiciones incluidas en la adjudicación aprobada en febrero de 2007 y las que el acusado le dijo que tenía que introducir en el contrato que se rubricó finalmente en abril de 2008.

Eiguren explicó que el exalcalde le expuso de forma «verbal» los contenidos que debía incluir el documento que iba a firmar el Consistorio con la empresa Talasoterapia Kiura SL. Renteria, según entendió el secretario de sus manifestaciones, trataba de «compensar» a la promotora por los retrasos que acumulaba el proyecto al no otorgarle con celeridad los permisos que solicitaba a Costas y Medio Ambiente.

Esas modificaciones, apuntó ayer durante su declaración en el juicio, consistían en perdonar de facto a la adjudicataria más de un año de canon por el uso del dominio público marítimo terrestre, que suponía 60.000 euros para unas arcas municipales en precario. Además de comenzar a pagar desde abril de 2008, la empresa no abonaría cantidad alguna hasta que el balneario de agua marina estuviera abierto, dinero que adelantaba el Ayuntamiento.

El secretario dijo que advirtió a Renteria de que lo que le solicitaba «no se podía hacer». A pesar de que era consciente de la «ilegalidad», redactó el contrato, tal y como le había pedido el acusado, introduciendo unos cambios, que ayer confesó que eran evidentes viendo el pliego de condiciones de adjudicacción, que se incluían en el propio contrato. Él, por su condición de fedatario, firmó el documento, aunque tres días antes de hacerlo, el 4 de abril de 2008, redactó un informe en el que indicaba que este contrato «no concordaba» con los pliegos de condiciones de la adjudicación, hablando de «discrepancias» pero no de «ilegalidad».

A preguntas de la defensa, el secretario reconoció que entre sus funciones estaba la de poder redactar un informe de reparo pero no lo hizo «porque las partes ya habían acordado la modificación». «Los que firmábamos éramos conscientes de esa irregularidad», comentó.

Ese informe no lo conoció la oposición y una parte de los ediles del propio equipo de gobierno hasta una comisión previa al pleno del 24 de enero de 2009 cuando el concejal de EA Alberto Bilbao, que pedía continuas explicaciones sobre el proyecto al no ejecutarse las obras y no abonar el canon la promotora, consiguió que Eiguren les desvelase la existencia de ese informe en el que discrepaba de los cambios introducidos por Txomin Renteria en el contrato como gesto ante la empresa.

El equipo de Renteria no facilitaba información a la oposición

Todos los intentos de la oposición por conocer detalles del proyecto de la talasoterapia se enfrentaron a la falta de transparencia por parte del equipo de gobierno que lideraba Txomin Renteria. En su declaración, el edil de EA Alberto Bilbao, que impulsó la denuncia por distintas irregularidades en operaciones urbanísticas y en la construcción del balneario, relató que «unas veinte veces» solicitó la rescisión del contrato al estimar que «iba en contra de los intereses del pueblo».

Renteria nunca informó detalladamente del proyecto y cuando Bilbao y las corporativas de ANV y Aralar se lo reclamaban les daba largas. El representante de EA tenía que plantear sus objeciones en el turno de ruegos y preguntas, ya que la mayoría absoluta del PNV «tumbaba» siempre sus iniciativas. El asunto nunca se llegó a debatir en los plenos porque los jeltzales lo impedían. Iratxe Eguzkizaga, excorporativa de ANV, corroboró la falta de transparencia y los obstáculos que se les ponían para acceder a la información. «Fiscalizar el trabajo del Ayuntamiento era casi imposible», manifestó.

A raíz de que Bilbao presionase al secretario, en una comisión prepleno que se celebró el 22 de enero, supieron de sus objeciones y de las diferencias en las cláusulas. El edil de EA también preguntó en ese tiempo al gerente y este le respondió, comentó ayer, «que se debía al señor alcalde y al PNV que le habían contratado».A.G.