«La posición el Gobierno es inequívoca, es firme y es siempre la misma: diálogo dentro de la ley». De esta frase no se ha movido el portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hasta en cuatro ocasiones ha sido interrogado sobre los planes del Ejecutivo español para precintar los colegios o tomar el control de los Mossos D’Esquadra con el objetivo de impedir la consulta. No ha habido respuesta más allá de las referencias genéricas al «diálogo» y la «ley».

En la última semana, fuentes de la propia Moncloa habían anunciado que se preparaban las medidas jurídicas y «coercitivas» para evitar que los catalanes sean consultados sobre la independencia. Las propuestas llegaban hasta la suspensión de la autonomía de Catalunya, vía aplicación del artículo 155 de la Constitución española que enarboló el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

«Seguimos impulsando el diálogo. En las sociedades democráticas es lo que hay que hacer», ha reiterado Méndez de Vigo. «La consulta es ilegal y no se puede llevar a cabo. La gente entiende que no pueden hacerse cosas ilegales», ha argumentado.

Esta maniobra se inscribe dentro de la estrategia de «palo y zanahoria» que mantiene el Gobierno español contra las instituciones catalanas. Por un lado, calienta el ambiente enumerando las medidas que podría tomar contra la consulta y advierte de que, al contrario de lo que ocurrió el 9N de 2014, ni siquiera se podrán colocar las urnas. Por otro, hace apelaciones al diálogo aunque desde la posición del veto a las urnas, un planteamiento que apenas defiende el 15% del Principat.

Todo ello, a tres días de que comience el juicio contra el expresident Artur Mas por la colocación de urnas durante la consulta de hace tres años.