El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunirán hoy en Quito para iniciar las negociaciones de paz, después de sucesivos retrasos a los que ha puesto fin la liberación del excongresista Odín Sánchez, último rehén político de la guerrilla colombiana.

Odín Sánchez fue liberado el 2 de febrero tras diez meses de cautiverio que comenzaron cuando se intercambió por su hermano, el exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez, secuestrado en agosto de 2013 por el Frente Occidental del ELN y aquejado de graves problemas de salud.

Al mismo tiempo, el Gobierno excarceló a los guerrilleros Nixon Arsenio Cobos y Leivis Enrique Valero, que cumplían condena por rebelión en Girón y «sufren graves afecciones de salud a consecuencia de heridas en combate y la deplorable atención que brinda el Estado en sus cárceles», de acuerdo con el ELN.

Las dos partes han admitido que aún son muchas las diferencias entre ellas en lo tocante a la gestión del proceso de paz, a pesar de lo cual ambos equipos se han comprometido a comenzar las negociaciones este 7 de febrero en Quito.

'Pablo Beltrán', jefe negociador del ELN, ha confesado que encara este diálogo con «optimismo» y ha recalcado que el objetivo de los rebeldes es, no solo firmar la paz para Colombia, sino «lograr las transformaciones que se requieren» para que sea sostenible. Por su parte, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha fijado como meta «la paz completa».

El proceso de paz con el ELN tendrá un formato muy parecido al desarrollado con las FARC. Contará con una sede internacional, que en este caso se irá rotando, y habrá unos países garantes como Venezuela, Ecuador, Brasil y Noruega y otros acompañantes como Cuba y Chile.

En esta mesa los interlocutores, diez por cada parte como máximo, «ejecutarán con la mayor celeridad y rigurosidad» una agenda de paz de seis puntos: participación de la sociedad, democracia, transformaciones, víctimas, fin del conflicto e implementación.

La agenda de paz guarda también paralelismo con la acordada en su momento por el Gobierno y las FARC, aunque carece de algunas cuestiones, como la justicia transicional y la participación política, que las autoridades colombianas pretenden extender a cualquier acuerdo con grupos armados ilegales.