Estas conversaciones, han señalado, pueden durar «unos seis meses» y, tras ellas, el Gobierno tomará una decisión. La autorización final para el reinicio de la actividad de Garoña corresponde al Ministerio de Energía, una vez analizado el informe del CSN.

En todo caso, Energía remarca que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el CSN y que la decisión final corresponderá a Nuclenor, propietaria de la central.

Las mismas fuentes han subrayado que las decisiones que adopte el Ejecutivo Rajoy sobre Garoña no supondrán «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».