Izar cumplirá el 2 de marzo tres años, una edad en las que los menores que permanecen junto a sus madres presas deben abandonar la prisión. Está previsto que la niña, que ayer recibió el alta hospitalaria después de cinco semanas ingresada tras ser agredida por su padre, vaya a vivir con sus abuelos a Donostia, aunque la abogada de Sara Majarenas mantiene la petición de libertad de la presa donostiarra para que Izar pueda recuperarse junto a ella.

El Ayuntamiento ha aprobado hoy, con los votos de PNV, PSE, EH Bildu e Irabazi –el PP se ha abstenido–, una declaración institucional en la que afirma que «hay derechos que amparan a todas las personas, incluidas las personas presas», y recuerda que la Asamblea General de la ONU, en su resolución 43/173 de 1988, dice que «las autoridades procurarán asegurar la asistencia a los familiares de las personas detenidas o presas que estén a cargo de estas, y en particular a los menores, y velarán especialmente por la tutela de los niños que hayan quedado privados de supervisión».

Tras apelar a «los derechos que asisten a la menor, indefensa ante la brutalidad de la agresión realizada por su propio padre» y ante «las especiales circunstancias humanitarias que concurren en este caso», el Ayuntamiento expresa su preocupación por la situación en la que se encuentra Izar y pide que «se garantice su seguridad, así como su derecho a estar con su madre y pueda convivir con ella dentro de lo posible».

Por todo ello solicita a Instituciones Penitenciarias que «apelando a los derechos humanos básicos de la menor adopte las medidas penitenciarias legales que mejor velen por sus derechos y que podría incluir el traslado de la madre a una prisión cercana al domicilio familiar».

La declaración será remitida a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española.