El Tribunal Superior de Pretoria ha descrito como «prematura» e «irracional» la forma en que el Gobierno comunicó el pasado octubre a la ONU su intención de dejar el TPI, y concluye que el Ejecutivo no tiene potestad para emprender esta acción sin el visto bueno del Legislativo.

La Justicia –que se ha pronunciado tras interponer un recurso la opositora Alianza Democrática (AD)– anula por tanto el proceso, aunque el Gobierno puede recurrir la sentencia.

Según el dictamen, el Gobierno tiene atribuciones para firmar acuerdos internacionales, pero necesita la aprobación del Parlamento para retirarse de ellos

Sudáfrica había justificado su decisión de dejar de formar parte del Estatuto de Roma –tratado fundacional del TPI– al considerar que está «en conflicto» con su ley nacional de inmunidad diplomática y afecta negativamente a sus relaciones internacionales.

El origen de esta situación se remonta a mediados de 2015, cuando el Gobierno de Sudáfrica recibió las críticas de la comunidad internacional por negarse a detener al presidente de Sudán, Omar Hasan al Bashir, sobre el que pesaba una orden internacional de arresto acusado de crímenes de guerra y contra la Humanidad en relación al conflicto de Darfur.

Con su decisión –ahora anulada–, el presidente sudafricano, Jacob Zuma, se puso a la cabeza del grupo dde países africanos que han iniciado acciones para abandonar la corte, entre los que se cuentan Kenia, Burundi y Gambia. Los líderes de estos y otros países del continente acusan al TPI, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, de perseguir exclusivamente a mandatarios africanos y de servir a intereses neocolonialistas.