La juez que instruye la causa abierta por «prevaricación, malversación y otros contra la administración pública» contra el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento subraya que «no puede compartirse indiciariamente con el querellante la responsabilidad que atribuye el querellado en su escrito» y denuncia que en ella se aprecia «un trasfondo político».

La querella de Jiménez se basa en que, después del cambio en el Gobierno motivado por los escándalos de corrupción en el Ayuntamiento (Etxeberria se convirtió en alcalde tras la dimisión de Andía cuando la moción de censura estaba ya en marcha), el nuevo alcalde se convirtió en corresponsable de lo acaecido dentro de las sociedades. Tras la caída de Andía, Etxeberria fue presidente de la sociedad Andacelay en la que se cometieron las presuntas irregularidades que investiga la propia juez Boado y por las que ha llamado declarar al expresidente de Comptos y al exmarido de Yolanda Barcina (ambos en calidad de testrigos). La tesis del portavoz de UPN es que Etxeberria también perdonó una deuda de un millón de euros que, previamente, había condonado ya Andía.

El auto de la juez desmonta esta teoría con varios argumentos y avala la decisión de los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai, I-E y PSN de llevar lo sucedido en Andacelay ante la justicia. La juez descarta por absurda (dice textualmente que que «repudia las reglas de la lógica») la pretensión de que Etxeberria anuló la citada deuda y señala que lo que hizo el alcalde fue denunciar ante los tribunales que Andía lo había anulado sin motivo y, de hecho, recalca que se abrió una comisión de investigaciónd dentro del Ayuntamiento para averiguar lo sucedido. La denuncia de los hechos antes los tribunales se interpuso en 2011.

El actual portavoz de UPN y autor de la fallida querella fue un personaje clave en uno de los episodios más llamativos de la polémica gestión de UPN en Eguesibar. Cabe recordar que Andía no dimitió por la causa que ahora investiga, sino que renunció tras saberse que había comprado 100.000 euros en preferentes de Catalunya Caixa con dinero de la sociedad Andacelay. Andía, al igual que Jiménez, eran trabajadores de la citada caja que quebró. De hecho, fue Jiménez, en calidad de empleado de Catalunta Caixa, quien vendió a Andía estas preferentes. El caso fue juzgado y ambos resultaron absueltos, dado que no se identificó al anterior propietario de esas preferentes. Independientemente de que la justicia no viera delito en esta extraña gestión, el Ayuntamiento no recuperó el dinero invertido.