El juzgado de instrucción número 7 de Bilbo ha admitido a trámite la denuncia de la asociación APROVA, por un presunto delito de prevaricación contra Arrazola y la instructora del servicio de Agricultura, Blanca Ocabo.

Ambos propusieron dos sanciones por valor de 3.601 euros a la organización denunciante que se tuvo que hacer cargo de cuatro animales en estado de extrema urgencia, debido a las graves condiciones de insalubridad en que se encontraban, tras un decomiso ordenado por la Ertzaintza en la localidad de Barakaldo.

La asociación ha argumentado que ambos responsables del servicio foral dictaron resoluciones injustas y contrarias a la normativa aplicable.

Ha relatado que solicitó a la Ertzaintza en febrero de 2015 el decomiso de los animales, cuya vida «corría peligro», después de que días antes murieran en ese mismo lugar dos yeguas, y que después tuvo que hacerse cargo de los animales, de su cuidado y manutención.

La asociación APROVA ha reprochado que Arrazola y Ocabo «mintieron de forma consciente y deliberada» cuando iniciaron un expediente de denuncia contra su organización sobre una inspección de los animales, siendo conscientes de que la protectora no tenía «ni instalaciones ni medios» para ocuparse de los caballos y el burro decomisados.

De esa manera, APROVA reprocha a los dos denunciados por haber resuelto de manera injusta y arbitraria contra su organización al imponerle una multa de más de 3.000 euros, por supuesta infracción de normativa sanitaria, en el cuidado de los animales.

Además, asegura que los animales recibieron tratamiento veterinario por parte de la asociación y que, en realidad, era la Diputación Foral quien en realidad debía haberse hecho cargos de los animales, para atender a un interés general.