El pasado domingo 14 salieron a las calles de Moscú unos 20.000-25.000 moscovitas para protestar por el derribo planificado de cerca de 4.000 edificios en los próximos años. Es la mayor protesta no política en Rusia en los últimos tiempos. Sin embargo, tanto los motivos de la protesta como las exigencias de esta a las autoridades, así como el modus operandi de los distintos poderes configuran un escenario un tanto complejo que cada uno interpreta a su manera.

En Moscú existe un plan de derribo de viviendas municipales antiguas que data de finales de los años noventa del siglo pasado. Según este plan, un total de 1.722 edificios deben ser derribados para 2018. Los habitantes reciben a cambio una vivienda de un poco mayor tamaño en un edificio nuevo construido en el mismo barrio o en un barrio adyacente, pero nunca fuera del distrito (conjunto de barrios) en el que estaba ubicada la vivienda inicial. El nuevo plan aprobado para los próximos años está acelerando estos trabajos y serán derribados otros 4.546 edificios más.

El Estado ruso es el que se encarga de la vivienda de muchos de sus ciudadanos en una clara herencia del Estado soviético, que era el propietario oficial de los edificios y se los proporcionaba a sus habitantes.

Después del fin de la URSS, la inmensa mayoría de los apartamentos han sido privatizados y son propiedad exclusiva de la gente que vive en ellos; sin embargo el Estado sigue siendo en última instancia el administrador de la finca. Por ello se encarga del mantenimiento de la misma. Cuando la vida útil del inmueble llega a su fin, el Estado se encarga asimismo del derribo y del realojamiento de los vecinos.

De tiempos de Jruschev

Gran parte de los edificios a derribar pertenecen a la categoría conocida popularmente compo «Jruschevki». Unos edificios de cinco plantas construidos en serie y ensamblados en el lugar con paneles prefabricados. Se empezaron a construir en la URSS en los años sesenta del siglo pasado como una solución generalizada al problema de la vivienda, y reciben su nombre del entonces secretario general del a PCUS, Nikita Jruschev. Estos edificios se fabricaron para más de veinte años, y si bien supusieron una mejora significativa a las condiciones que había hasta entonces, su vida útil era limitada, según el proyecto base, entre 25 y 50 años. También se fabricaron unas series de edificios de mayor calidad de ladrillo, y no paneles, con una vida útil de 100-150 años.

Hecha la ley, hecha la trampa

Por un lado la protesta no es entendida por parte de muchos rusos, que se preguntan dónde está el problema si te mejoran las condiciones de vida a cuenta del Estado. Pero, como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Si bien a la mayoría de vecinos les realojarán en zonas muy cercanas del edificio original, a algunos las autoridades LOS pretenden realojar en barrios mucho más lejanos del centro, eso sí, a cambio de ganar algo más de espacio. Este alejamiento no siempre es voluntario. Otro motivo es que si no te quieres realojar, las autoridades te ofrecen una compensación económica que en el mejor de los casos llega a un tercio del valor de la vivienda original.

Esto sucede especialmente con el derribo de edificios céntricos, que en muchos casos pertenecen a la serie hecha de ladrillo, por lo que difícilmente se les puede considerar viviendas en estado ruinoso. Aquí entra en juego la especulación de los promotores y las autoridades locales que se encargan de hacer cumplir la ley federal. Los edificios céntricos ocupan unos metros cuadrados de un valor muy alto, por algo Moscú es una de las ciudades con el metro cuadrado más caro de Europa, Los promotores construyen edificios a las afueras donde pretenden realojar a los inquilinos de los edificios céntricos, donde después del derribo construirán viviendas de lujo, oficinas o espacios comerciales que venderán a precio de mercado.

Por este motivo los ciudadanos han montado varias plataformas vecinales para protestar contra estos casos de abuso. Las propias autoridades han prometido que los edificios cuyos ciudadanos voten en dos tercios en contra del derribo no serán tocados, siempre y cuando el edificio esté en unas condiciones mínimas.

En este escenario aparece la oposición política fuera del parlamento. Viendo que es un tema que preocupa a los ciudadanos, han intentado encabezar las protestas. Así el líder opositor Aleksei Navalniy intentó unirse a la protesta del domingo e incluso quiso salir al escenario para decir unas palabras. La organización del acto no le dejó pasar. A pesar de que hace cuatro años en las elecciones municipales –en Moscú el alcalde se elige cada lustro–, consiguió un 27% de votos, su popularidad real sigue siendo baja.

Ello no ha disuadido a Navalniy de intentar sacar réditos del conflicto, como han hecho otros activistas opositores al Kremlin, aunque con menos energía. Para justificar su interés por el tema aduce que la bisabuela de su mujer vive en una jruschevka. A pesar de ruido mediático despertado y alguna petición de dimisión online, no parece que el tema de la mejora de la calidad de vida de los moscovitas –y rusos en general, ya que hay programas similares en otras regiones– vaya a darle demasiado activo político a la oposición respecto de unas autoridades que tampoco han dudado en lanzar toda la maquinaría mediática en contra de los que se oponen a los derribos.