Lula da Silva, investigado en la operación Lava Jato que analiza la trama corrupta en torno al gigante Petrobras, había sido acusado de beneficiarse del dinero desviado de la petrolera para la compra y reforma de un tríplex en Guarujá (Sao Paulo). El dinero procedía de la compañía brasileña OAS, que habría utilizado la vivienda como soborno a cambio de contratos.
La sentencia es recurrible y el juez Sergio Moro, en aras de la «prudencia», ha optado por esperar a que sea en segunda instancia donde se pueda pedir la prisión provisional para Lula. En este sentido, ha admitido que el encarcelamiento de un expresidente implica «ciertos traumas».
Lula tiene pendientes también otras cuatro causas vinculadas a Lava Jato, pero aún así mantiene una popularidad al alza y los últimos sondeos le sitúan como el favorito para las elecciones presidenciales de 2018.
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