De los 319 presos y presas que forman parte de EPPK, 69 están en cárceles del Estado francés. La última excarcelación tras agotar completamente la condena impuesta (han sido doce años de prisión) fue la pasada semana la de la hernaniarra Itxaso Zaldua; en julio quedó libre el navarro Mikel Oroz por la misma razón; y en agosto quien volvió a casa, aunque esta vez a la espera de juicio, fue el donostiarra Mikel Irastorza.

Esos 69 presos y presas afrontan un curso especial por distintos motivos que sacuden la parálisis instalada hasta ahora en París, réplica de la vigente en Madrid. La necesidad de cambiar la política carcelaria gana peso sobre todo con la movilización que preparan los «artesanos de la paz», protagonistas de la culminación del desarme de ETA, para el 9 de diciembre en París, con un formato aún sin definir. En una rueda de prensa celebrada en julio, estos artesanos confirmaron que habían mantenido ya contactos con representantes del Ministerio de Justicia; de los grupos parlamentarios de Francia Insumisa, el centrista MoDem y el comunista; así como con la vicepresidenta del grupo parlamentario del gubernamental La República En Marcha, Cendra Motin.

En el comunicado de EPPK publicado por GARA este sábado, el Colectivo afirma tener constancia de que «los ‘artesanos de la paz’ han puesto plazo al Gobierno francés para que acabe con el alejamiento, teniendo la libertad de todos los presos políticos como objetivo».

Hay otras iniciativas en marcha en esta línea, como la explicada en marzo en una jornada del Foro Social Permanente por la abogada de presos vascos Xantiana Cachenaut. Se trata de un grupo de juristas que, tanto en Euskal Herria como en París, están trabajando en la búsqueda de soluciones para traer a los presos a casa. Indicó entonces que el trabajo iba bien y que podía haber noticias al iniciar de este curso, tras lo cual podrían incluso constituirse en organización estable y ampliarse a nivel europeo.

Un par de decisiones judiciales pero con trasfondo político abren también cierta expectativa de cambios. Se trata de la excarcelación de Irastorza nueve meses después de que fuera detenido y presentado como máximo dirigente de ETA, a través de una fórmula de libertad condicional no aplicada hasta la fecha. Y también del traslado de Zuhaitz Errasti a Mont de Marsan, la prisión de las Landas fijada como destino por los presos vascos en sus peticiones de acercamiento. Ha sido autorizada por un Juzgado igualmente de modo inédito hasta la fecha, en base a su situación familiar, y la autoridad penitenciaria lo ejecutó de inmediato.

Entre uno y seis por cárcel

A la materialización de soluciones debería ayudar también el hecho objetivo de que el grupo de presos y presas vascos en el Estado francés se ha ido reduciendo hasta bajar en la actualidad de 70.

Esto supone en la práctica que en varias prisiones ya solo haya un preso político vasco. Es el caso –según el listado de Etxerat– de Luis Iruretagoiena en la cárcel de Alençon, a 830 kilómetros de Euskal Herria; de Kepa Arkauz en Meaux, a 970; o de Jon Parot en Muret, a 430. En varias otras prisiones se cuentan únicamente dos. En ningún penal hay ya más de seis presos vascos, contrariamente a lo que ocurre en el Estado español con casos como Puerto de Santa María, donde son 21.

Por contra, tanto la dispersión como el alejamiento se mantienen en términos muy similares a los del Estado español. Esos 69 presos están divididos en nada menos que 21 cárceles, lo que da un promedio de algo más de tres por prisión. En Baiona no cumple pena ninguno, en la cercana Mont de Marsan únicamente hay tres, y cerca del 60% continúan alejados a las prisiones del área de París o más allá incluso.