El Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, que no tiene mayoría en la Cámara de los Comunes, contó con el respaldo de los diez diputados del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) y de siete parlamentarios de la oposición laborista, que desafiaron la disciplina de voto para respaldar al Gobierno.

El texto, conocido como la Ley de la Gran Derogación, continuará ahora su curso parlamentario tras haber superado su primer escollo con una cómoda mayoría de 36 diputados –326 votos a favor por 290 en contra–.

Tras la votación, que concluyó pasada la medianoche en Gran Bretaña, May celebró la «histórica decisión» del Parlamento de «respaldar la voluntad del pueblo británico» al impulsar una ley que «aporta certidumbre y claridad» ante el Brexit.

«Aunque todavía hay más que hacer, esta decisión significa que podemos continuar las negociaciones (con Bruselas) con cimientos sólidos», sostuvo la primera ministra.

Doble objetivo

El proyecto de ley tiene un doble objetivo. Por un lado, revocará el Acta de Comunidades Europeas de 1972, con la que Gran Bretaña accedió a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

Al mismo tiempo, trasladará las miles de leyes que componen el cuerpo legal de la Unión Europea a la legislación británica, a fin de que no haya vacíos normativos una vez se ejecute el Brexit, previsiblemente el 29 de marzo de 2019.

El ministro británico para la salida de la UE, David Davis, alertó durante el debate de que oponerse a la ley significa abocar a Gran Bretaña a «una salida caótica» del club europeo.

«Los británicos no votaron en favor de la confusión» en el referéndum sobre el Brexit de junio de 2016, y «el Parlamento tampoco debe hacerlo», esgrimió Davis.

El negociador jefe de Gran Bretaña en Bruselas sostuvo que si el Ejecutivo no lograba aprobar la Ley de la Gran Derogación el país «se aproximaría al borde de un acantilado» y quedaría sumido en la «incertidumbre».

La mayoría de los diputados laboristas se mostraron favorables a una regulación para que Gran Bretaña abandone la UE, aunque alertaron de que el proyecto de May otorga al Gobierno amplios poderes para modificar leyes sin pasar por el Parlamento.

Poderes de Enrique VIII

El texto a debate en los Comunes prevé que el Ejecutivo podrá utilizar un antiguo mecanismo legislativo conocido como «poderes de Enrique VIII» para aprobar legislación secundaria que, en la práctica, puede afectar a las normas primarias sin necesidad de someterse al escrutinio de los diputados.

El Gobierno argumenta que esos poderes extraordinarios son necesarios para introducir correcciones técnicas en las miles de leyes europeas que Gran Bretaña va a adoptar con un único acto legislativo.

Esas regulaciones fueron redactadas en el contexto de la Unión Europea y hacen referencia a instituciones y mecanismos comunitarios, por lo que Gran Bretaña tiene que adaptar múltiples detalles a contrarreloj, antes de que la ruptura sea una realidad.

La diputada laborista Angela Smith afirmó que su oposición a la ley no responde a que «quiera votar en contra del Brexit, sino contra un Brexit mal gestionado, que amenaza con debilitar todavía más unas tradiciones democráticas que tanto trabajo costó establecer».

Entre los laboristas rebeldes que apoyaron el proyecto de ley de May, Caroline Flint argumentó que su deber es «respetar el resultado del referéndum» de junio de 2016, en el que el 51,9 % de los votantes optó por el Brexit.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP), la tercera fuerza política en la Cámara de los Comunes, con 35 diputados, se posicionó en contra de una ley que, en su opinión, no garantiza que competencias en áreas como pesca y agricultura, que actualmente controla Bruselas, se trasladen al Parlamento autónomo escocés tras el Brexit.

«El Gobierno tory quiere aprobar una ley defectuosa con la que no solo busca recuperar el control respecto a Bruselas, sino también respecto a Edimburgo, Belfast y Cardiff», afirmó el portavoz para la UE del SNP, Stephen Gethins.