E scribo a 12 horas del referéndum de autodeterminación de Catalunya, un sueño largamente soñado por la sociedad catalana. De manera explícita y mayoritaria desde 2010, cuando se certificó el cierre de toda posibilidad de reconocimiento nacional y de soberanía política en el marco del Estado español y cuando esta convicción ocupó la centralidad del electorado, desde los liberales democristianos de la ex-UDC hasta las sensibilidades políticas agrupadas en la CUP, con un único punto en común: la consideración sin reservas de Catalunya como nación y la demanda de la plena soberanía en ejercicio de constituirse como Estado independiente.

¿Dónde estamos hoy, en estas horas de vigilia del 1-O? En Catalunya se vive una situación de Estado de excepción no declarado, con la suspensión explícita de derechos y libertades fundamentales, un escenario insólito en un Estado de la UE. La policía ha entrado en medios de comunicación; ha impedido la celebración de reuniones en espacios públicos; ha prohibido la publicidad del referéndum, ha cerrado webs, secuestrado material informativo e incautado y violado correspondencia; ha detenido a miembros del Govern sin habeas corpus; ha entrado en sedes gubernamentales y robado materiales. Y el poder judicial ha amenazado a más de 700 alcaldes, a directores de escuelas e institutos, a voluntarios, a miembros de mesas electorales, a consellers, a la presidenta del Parlament...

Y, sin embargo, el pueblo catalán ha salido en tromba, ocupando calles y plazas en defensa del autogobierno y del derecho a voto. Ha tomado colegios electorales para garantizar el referéndum. Y en este crepúsculo se respira una movilización sin precedentes en defensa de las libertades y la democracia, suspendidas por un Estado autoritario, reaccionario y antidemocrático.

Y toda esta gente no para de entonar un lema de emancipación: “No tenim por!” en boca de madres y niños, abuelos y jóvenes, estibadores y bomberos, pageses y botiguers. Un grito que empodera, muestra de un poder que ya se está ejerciendo y que ahora reclama su reconocimiento jurídico, institucional e internacional. El Estado español se puede poner como quiera y hacer lo que desee: esto no tiene marcha atrás. Hoy, aquí, pase lo que pase, decidimos con plena soberanía nuestro futuro.