La decisión del Banc Sabadell de trasladar su sede social a Alacant se ha convertido, con permiso del Tribunal Constitucional, en la principal novedad de un día extrañamente calmado en Catalunya. Se agradecen, de tanto en cuando.

Las interpretaciones son varias y diversas. «Los movimientos de bancos catalanes para trasladar sus cuarteles generales son una señal de que el sector financiero piensa que la independencia sucederá», ha escrito Paul Mason, asesor de Jeremy Corbyn y exresponsable de economía de Channel 4 de la BBC. Podría ser –son los que más han acusado la crisis de estos días en la bolsa–, aunque para ello habría que aceptar que la banca española se mueve exclusivamente por criterios financieros.

Visiones más escépticas sitúan el movimiento del Sabadell en el marco de la campaña del miedo contra la declaración de independencia. Motivos sobran, viniendo de una entidad que no ha dudado en manifestarse en contra del Estado catalán reiteradamente a lo largo de los últimos años.

El pasado 13 de enero, el presidente de la entidad, Josep Oliu, reconoció que cambiarían de sede si peligraba su permanencia dentro del paraguas del Banco Central Europeo. «No hace falta pasar por la Junta de Accionistas para mover la sede social, y esta es una ventaja en caso de que tengamos un riesgo y necesitemos ponernos bajo el resguardo de la UE», fueron sus palabras.

Es decir, decía entonces Oliu que solo cambiarían la sede si quedarse en Catalunya supusiese quedar fuera de la Unión Europea y, por ende, del BCE. Para que eso ocurriese deberían darse dos condiciones: que Catalunya proclamase y empezase a ejercer como Estado soberano, y que algunos países de peso reconociesen dicho Estado. De lo contrario, es difícil pensar que el BCE cambiaría en algo su relación con los bancos catalanes.

¿Cree el Sabadell que esta situación se dará en las próximas semanas? Si la respuesta es no, el movimiento de hoy, que apenas tiene implicaciones prácticas, no es más que un burdo ejercicio de coacción que se le podría girar en contra –el Ayuntamiento de Gironella ha decidido ya retirar 300.000 euros de la entidad–. Si la respuesta es sí, la independencia real quizá esté más cerca de lo que los escépticos creen.